El 1° de diciembre empezará a regir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las piezas centrales de la reforma laboral. El Gobierno lo presenta como una herramienta indispensable para generar empleo con cero costos para las empresas, ya que la aportación al fondo se descontaría de las contribuciones patronales que ya ingresan. Esa lectura, sin embargo, genera preocupación por el posible desfinanciamiento de la Seguridad Social.

Pero el FAL no es el único factor que tensiona la Seguridad Social. Desde la asunción de Javier Milei, se registró una caída de casi 300 mil puestos de trabajo registrados, una tendencia que se habría acentuado con la reforma laboral, aunque el argumento oficial sostenía lo contrario. A esta dinámica se suma el traslado de parte de esos empleos formales al régimen de monotributo, lo que reduce la base de aportes.

A ello se suma que, en la Ley Bases, se aprobó la eliminación de multas por no registración, lo que incrementó la informalidad.

La pregunta que nadie desde el oficialismo logra responder de forma clara es la más obvia: ¿qué ocurrirá con las jubilaciones?