En medio del debate sobre el endeudamiento de los hogares, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio tratamiento a dos iniciativas centradas en las personas que deben dinero. Una norma busca limitar las cobranzas extrajudiciales y evitar prácticas de presión que afecten la dignidad de los deudores, mientras que la otra crea una mesa de orientación para quienes destinan una porción significativa de sus ingresos al pago de cuotas, orientada a quienes superen el umbral del 30%.
El proyecto sobre cobranzas extrajudiciales recibió apoyo de todas las bancadas y fue elaborado con aportes de distintos bloques para establecer reglas generales que restrinjan las prácticas abusivas. Entre los puntos clave, la norma pretende impedir la divulgación de deudas entre familiares y fijar límites a las técnicas de cobro que podrían generar hostigamiento, buscando proteger a las personas frente a presiones indebidas.
La segunda iniciativa propone la creación de una mesa de orientación destinada a acompañar a quienes enfrentan una carga alta de deuda, específicamente aquellos que superan el 30% de su salario comprometido. Este mecanismo apunta a brindar asesoramiento y facilitar derivaciones o acciones de apoyo para evitar que la situación se agrave.
La Libertad Avanza, representada por Nicolás Pakgojz, secretario general de ese espacio en la Ciudad y legislador, acompañó la regulación de las prácticas de cobro en lo general, pero planteó reparos en cuatro artículos y optó por abstenerse en lo referido a la creación de la mesa de orientación. Según él, varias disposiciones introducían matices que alteraban el alcance original de la norma y podrían generar costos o costos administrativos innecesarios.
Entre las diferencias señaladas por el bloque libertario, se mencionó la oposición a la inclusión de un registro para las agencias de cobranza, considerado innecesario dentro del marco sancionado; también cuestionó la previsión de intervención estatal en las condiciones de refinanciación, argumentando que ello implicaría una mediación pública en acuerdos entre privados. Además, Pakgojz cuestionó que todas las agencias debieran contar con abogado matriculado, señalando que esa exigencia podría encarecer el proceso de cobro y añadir un requisito adicional a una actividad que debe ajustarse a los límites legales ya establecidos.
El legislador destacó que no se busca demonizar a los prestamistas, ya que el crédito y las ventas en cuotas forman parte de la economía; no obstante, reclamó que esa actividad no puede traducirse en humillaciones, presiones a familiares ni llamados a horas intempestivas.
En ese marco, el bloque coincidió en la necesidad de avanzar hacia prácticas más responsables en la cobranza, manteniendo un enfoque claro en la protección de los derechos de las personas deudoras.
