El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín dictó la detención de Pedro Müller, antiguo directivo de Ford Motor Argentina, luego de que la Corte Suprema confirmó la condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante los primeros meses de la última dictadura. Müller, de 95 años, permanecerá en arresto domiciliario en Córdoba mientras se resuelve su situación procesal.

La Corte Suprema, en una composición especial, ratificó la pena que ya había impuesto el TOF 1 en diciembre de 2018. Se trató del primer fallo en el que se reconoció que una empresa multinacional se articuló con las Fuerzas Armadas para desarrollar un plan criminal durante ese periodo.

Müller ingresó a Ford a principios de la década del 60 y, en 1976, ocupaba el cargo de gerente de Manufactura, encargado de una planta que empleaba aproximadamente a 7.200 trabajadores, ubicada en General Pacheco.

Según lo reconstruido en el juicio a partir de los testimonios de empleados, Müller era la sustitución natural de Nicolás Courard, presidente de Ford Argentina, cuando este no estaba presente, y participó en casi todas las reuniones de directorio durante 1976.

Courard, por su parte, ya había manifestado públicamente su adhesión al régimen, y en 1980, al inaugurarse la planta de camiones, afirmó ante José Alfredo Martínez de Hoz que “Ford Motor Argentina creyó en el Proceso de Reorganización Nacional porque vio en él el vehículo para que el país se encuentre con su verdadero camino”. En una entrevista publicada en febrero de 1976 por el New York Times, Courard afirmó: “Los terroristas no están sólo fuera en las montañas; están aquí mismo en la línea de montaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles cuánto tienen que producir cada día”.

Las detenciones de operarios de Ford comenzaron el día del golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976, hombres armados ingresaron a la planta de General Pacheco para secuestrar a trabajadores, y al día siguiente, el gerente de Relaciones Laborales informó que quedaba prohibida toda actividad gremial.

El TOF 1 estableció varias formas de intervención de la empresa: señalar a trabadores conflictivos, permitir la presencia militar en la fábrica, habilitar un centro clandestino de detención y torturas en el quincho del predio, facilitar camionetas para los secuestros y elevar los niveles de exigencia y explotación laboral.

En ese contexto, 24 trabajadores fueron secuestrados; 17 de ellos fueron privados de libertad en sus puestos de trabajo, nueve fueron llevados al quincho y torturados, y luego trasladados a otros centros clandestinos.

El TOF 1 condenó a tres acusados por estos hechos, entre ellos Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares, y se han registrado resoluciones contra otros involucrados que completaron el fallo.