La llegada inminente del Papa León XIV a Córdoba provocó una respuesta coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial provincial. Ante la posibilidad de una convocatoria masiva que podría dificultar el funcionamiento de la capital, las autoridades llevaron a cabo una serie de reuniones para delinear el dispositivo de actuación penal y de prevención que regirá el martes 10 de noviembre.
En la primera mesa de trabajo, el Fiscal General de la Provincia, Carlos Lezcano, comandó la reunión junto a Julián López, ministro de Justicia y Trabajo, y Miguel Siciliano, titular de Vinculación y Gestión Institucional. Participaron Fiscales de Instrucción y autoridades del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de fijar criterios de intervención rápida y coordinar las unidades operativas ante eventuales contravenciones o ilícitos durante la cobertura del evento religioso.
Posteriormente, la cúpula judicial y ministerial sostuvo un encuentro con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y representantes de las distintas fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales. En esa instancia se afianzaron las pautas de patrullaje, los cinturones de contención y la cooperación en terreno para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier contingencia que afecte a los feligreses locales o a las delegaciones que arribarán desde otros puntos del país.
El objetivo central del plan fue descentralizar la atención penal y asegurar una asistencia expedita a las personas afectadas. En esa línea, la Provincia instaló una Unidad Judicial Móvil de última generación en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), lugar escogido para la misa central.
Esta unidad funcionará de forma continua durante toda la jornada y contará con personal judicial, además de tótems de autogestión para agilizar trámites. De este modo, las denuncias por delitos pueden iniciar su trámite en el propio predio, evitando desplazamientos innecesarios hacia tribunales o comisarías del centro urbano.
