Anoche, un único móvil policial partió desde Embarcación hacia General Ballivián para contener el foco de incendio que afectó varias viviendas. El inicio del fuego habría sido provocado por mujeres de la Comunidad indígena El Quebrachal, quienes señalan a las personas que ocupan esas viviendas como vendedoras de droga a menores y jóvenes.
A pesar del malestar expresado por las manifestantes, las personas señaladas quedaron resguardadas y tres mujeres fueron trasladadas en el mismo móvil policial.
Paralelamente, la referente wichí y titular de la Fundación Jualá, Laurentina Nicasio, denunció que sujetos armados intentaron ingresar a su vivienda, donde residen once personas. La agresión se habría producido tras amenazas vinculadas a su labor de acompañamiento a quienes denuncian a presuntas distribuidoras de sustancias ilegales.
Nicasio relató a Salta/12 que, al denunciar las amenazas, la Policía le indicó dirigirse directamente a la fiscal de Embarcación, Gabriela Souto. Sin embargo, dijo sentirse desalentada, porque no tienen constancia de una investigación ante las denuncias recurrentes en la comisaría y que, a su juicio, deberían haber llegado a la fiscalía.
Las madres, gestoras de niños, adolescentes y jóvenes, ya se habían reunido el martes pasado y presentaron una denuncia colectiva contra personas identificadas como vendedoras de droga, a las que acusaron de someter a abusos sexuales a menores en situación de consumo problemático. En esa jornada, las madres habían adelantado la intención de incendiar las viviendas de los presuntos distribuidores, tanto en el pueblo como en las comunidades indígenas.
En el norte salteño, este tipo de acciones por justicia por mano propia se ha manifestado en diversos casos desde hace años, con medidas como la quema de locales de venta o la expulsión de quienes señalan como vendedores. La nota menciona un hecho similar ocurrido en Ballivián en 2023 como referencia.
El martes, tras un intercambio, prevaleció la prudencia y se optó por elevar la denuncia colectiva en lugar de accionar de forma directa. No obstante, la noche del jueves 5 de noviembre las madres tomaron conocimiento de que jóvenes que acudían a comprar droga habrían recibido agresiones físicas. Se indicó que, tras la denuncia, los vendedores habrían suspendido temporalmente su actividad y, ante la insistencia de los menores con consumo problemático, se habría generado la respuesta violenta.
Ese episodio llevó a las madres a ejecutar la quema de una vivienda, según los testimonios recogidos.
