La discusión sobre la regulación del parque automotor y las exigencias técnicas en los grandes núcleos urbanos volvió a ocupar la escena política en la capital cordobesa. En la sesión más reciente del Concejo Deliberante, la mayoría aprobó en primera lectura el marco normativo para lanzar una Licitación Pública Nacional e Internacional que otorgará la concesión de la ITV por diez años. El debate mostró marcadas diferencias entre las distintas bancadas.
El proyecto, impulsado desde la municipalidad, busca alinear las obligaciones operativas con las transformaciones de la movilidad urbana. Según el bloque oficialista, las nuevas condiciones contractuales establecen reglas claras de control, incorporan una auditoría con trazabilidad digital y contemplan protocolos específicos para vehículos híbridos y eléctricos. Además, el texto prevé turnos de atención en línea y tiempos máximos de revisión para optimizar la experiencia de los usuarios.
Sin embargo, la sesión reflejó la falta de consenso sobre la efectividad de la ITV como política de seguridad pública. Partidos de la oposición cuestionaron si la inspección, por sí sola, alcanza para disminuir la siniestralidad vial en contraste con factores humanos y pidieron exenciones para sectores vulnerables como los jubilados. Esta postura derivó en una abstención general de las bancadas opositoras y el rechazo de la izquierda.
Con el aval de la mayoría, el marco licitatorio deberá avanzar hacia la participación ciudadana a través de la Audiencia Pública convocada para la próxima semana.
