Un informe del Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde advierte que la fiscalización estatal sobre la actividad pesquera en Argentina cayó un 25% entre 2023 y 2025, aun cuando las exportaciones del sector llegaron a 2.010 millones de dólares en el último año, segundo récord histórico. El relevamiento se apoya en información publicada por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

Según el documento, la incidencia de viajes pesqueros con inspectores a bordo pasó del 20% en 2023 al 15% en 2025, y ese mismo porcentaje se mantuvo estable durante el primer semestre de 2026. En la actualidad, existen apenas 64 inspectores para vigilar más de 7.400 travesías anuales, lo que implica una carga de aproximadamente 116 operaciones por trabajador, cifra que duplica el promedio de 2021.

Las debilidades se concentran precisamente en las actividades con mayor volumen comercial. En la pesca del calamar Illex, que fue el principal producto exportado por volumen en 2025, sólo el 9% de las operaciones contó con supervisión presencial. En el caso del langostino y la merluza, la cobertura se ubicó alrededor del 20%.

El informe también destaca incumplimientos normativos. Aunque la normativa exige inspectores en todas las embarcaciones de 33 metros o más, la cobertura entre 2023 y 2026 nunca superó el 56%. A este faltante se suma que el sistema de cámaras de vigilancia, creado en 2010, nunca llegó a funcionar plenamente.

“Mientras el sector pesquero exporta más que nunca, el Estado controla cada vez menos”, cuestionó Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, quien también señaló restricciones para acceder a información sobre las empresas que explotan los recursos marítimos.

El documento advierte además que autoridades modificaron criterios de registro estadístico, dificultando las comparaciones históricas y la evaluación independiente de los controles.

Frente a este escenario, las organizaciones demandaron incrementar la cantidad de inspectores, priorizar las actividades de mayor volumen y riesgo, y garantizar el acceso público a los permisos pesqueros. La preocupación central es que el crecimiento de las exportaciones vaya de la mano con una menor capacidad estatal para controlar la explotación de recursos naturales que pertenecen a la sociedad.