Durante la noche del domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de noviembre, se registró un ataque violento contra trabajadoras trans que operan en los Bosques de Palermo, llevado a cabo por un grupo de adolescentes y jóvenes. El operativo se desarrolló en parte caminando y en parte montado en bicicletas, y se estima que entre 50 y 60 ciclistas rodearon la zona.
El inicio quedó marcado por burlas y provocaciones. Ante la respuesta verbal de las víctimas para defenderse, los agresores regresaron con palos y objetos de señalización urbana, incluido un cono naranja, para completar la agresión física contra una de las personas afectadas.
Los videos que circulan muestran la brutalidad del hecho y su lógica de exhibicionismo en redes. En las grabaciones se aprecia un hostigamiento sostenido que, posteriormente, fue difundido con mensajes que buscaban expulsar a las trabajadoras y con emojis de laugh.
La indagación sobre la red involucrada fue impulsada por la politóloga y abogada trans Gabriela Ivy, quien rastreó cuentas digitales y concluyó que la agresión habría sido premeditada por jóvenes vinculados al deporte de bici-cross, procedentes de distintas localidades del conurbano bonaerense, entre ellas Bernal y San Martín. Ivy señaló que la primeras publicaciones del material surgieron desde cuentas con una estética libertaria que celebraban el hecho en plataformas digitales.
En el marco de la investigación, Ivy contactó a una bicicletería vinculada a los perfiles de los participantes. Frente a la gravedad de lo ocurrido y la posibilidad de citaciones judiciales, el comercio intentó desligarse del hecho señalando que no tenía relación con la comunidad LGBTI y presentando como argumento ser padre de tres hijas. Ivy cuestionó esa argumentación, destacando que usar a las hijas como excusa para no asumir responsabilidades “ya no cuela” ante actos de violencia colectiva.
Paralelamente, emergió un registro audiovisual grabado desde la perspectiva de una de las trabajadoras presentes en el parque. Ivy accedió al material a través de una allegada a las víctimas y decidió mantener la identidad y la voz de la afectada en reserva para protegerla, ante la posibilidad de represalias. Esta cautela refleja la desprotección y el temor a sufrir consecuencias por denunciar.
El episodio generó un repudio generalizado y reabrió el debate sobre la seguridad de las personas trans en espacios públicos, además de señalar la necesidad de respuestas institucionales frente a la violencia de odio.
