La provincia de Buenos Aires aprobó una nueva actualización de tarifas eléctricas mediante la resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Los incrementos, que varían según la categoría de consumo y la distribuidora, se ubican entre el 1,5% y el 3,5% en los montos finales de las facturas.

La medida introduce una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente tarifario que cubre costos propios de las empresas de energía, como operación, mantenimiento, salarios e inversiones. El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia (OCEBA) llevó a cabo un recálculo técnico que, además, contempla modificaciones en otros rubros, entre ellos el sobrecosto por generación local, el agregado tarifario y el cargo de transición tarifaria.

En la Defensoría bonaerense señalan que el impacto de la factura depende del nivel de consumo: pagar en invierno y en verano puede representar más del 20% del ingreso familiar en los sectores medios. Advierten que el perjuicio es mayor para los hogares electrointensivos que dependen exclusivamente de la electricidad para servicios básicos, y citan ejemplos extremos de ingresos de entre $600.000 y $800.000 mensuales en ciertos hogares medios.

La decisión alcanza a cuatro compañías que operan fuera del área de concesión de Edenor y Edesur: EDEN, que cubre el norte y el centro de la provincia; EDES, en el sur; EDELAP, en La Plata y zonas aledañas; y EDEA, en la costa atlántica y el centro. Todas pertenecen al Grupo DESA, liderado por Rogelio Pagano, que afianzó su presencia en el mercado eléctrico bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Guido Lorenzino presentó una medida cautelar alertando que los ajustes tarifarios se aprobaron sin audiencias públicas. Pelos del Defensorado sostuvieron que, desde 2021, se vienen aplicando incrementos sin la participación adecuada de los usuarios, y que esa ausencia de participación se prolonga en la gestión actual.

Otra objeción planteada refiere a una supuesta pérdida de eficacia de la Tarifa Social Provincial (TSP), ya que las bonificaciones para los sectores vulnerables no habrían seguido el ritmo de la evolución de los distintos componentes tarifarios, lo que repercute en la cobertura real de esa ayuda.

Estos cuestionamientos fueron admitidos en septiembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Cóppola. La resolución correspondiente suspendió los actos vinculados a la medida, dejando en claro que el tema está sujeto a revisión judicial y a la intervención de las autoridades provinciales.

En este marco, la pelea entre las distintas corrientes del peronismo bonaerense quedó expuesta: mientras el gobierno intenta implementar ajustes para cubrir costos y sostener el sistema, sectores alineados con La Cámpora advierten sobre la legitimidad y el procedimiento de esas decisiones, en medio de un debate político que persiste en la provincia.