La sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) albergó, durante el lunes y el martes, la IV edición del Congreso Internacional de Contrataciones Públicas y la presentación del I Congreso Internacional de Derecho Público y Administrativo, bajo el lema De la decisión al impacto. El encuentro reunió a más de treinta especialistas de Argentina y del exterior y recibió el respaldo de organismos multilaterales de alto nivel.
La organización estuvo a cargo de forma conjunta por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Administración General y Presupuesto (SAGyP), junto al Gobierno de la Ciudad y la Legislatura porteña. En apoyo académico y institucional participaron también organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Mundial.
La apertura contó con la intervención de Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto; Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA; Carlos Balbín, titular de la cátedra de Derecho Administrativo; y Christian Gribaudo, secretario administrativo de la Legislatura porteña. También estuvieron presentes consejeros del Consejo de la Magistratura, como Marcelo Meis, Rocío López Di Muro y Guillermo Scheibler, entre otros magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad.
En su discurso inaugural, Ferrero subrayó la importancia de celebrar el congreso por cuarto año consecutivo en la UBA para generar intercambio de ideas sobre la temática. Sobre el eje central del encuentro, afirmó que la contratación pública es un instrumento clave para promover la igualdad e la inclusión social, dado el volumen de recursos involucrados y la posibilidad de fomentar la creatividad para avanzar hacia sociedades más igualitarias.
Balbín, por su parte, situó el debate en su sustancia y no en la apariencia, señalando que se trata de una discusión académica que, aun así, debe ser útil para quienes actúan más allá del ámbito académico. El objetivo es avanzar hacia un derecho que brinde seguridad jurídica tanto a los inversores como a jubilados y a otros colectivos.
Durante las dos jornadas se desarrollaron nueve paneles temáticos. Entre los temas discutidos estuvieron los principios generales de la contratación pública, la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de compras, experiencias internacionales y nuevos acuerdos, marcos regulatorios, transparencia y manejo de datos, estrategias de contratación y la responsabilidad del Estado, entre otros puntos relevantes para el sector.
