La creciente presencia de estafas en el mundo virtual motivó a Salta a considerar un marco legal que respalde las labores de prevención e investigación que ya llevan a cabo la Policía y la Justicia. En la sesión de este miércoles, la Cámara alta dio pasos decisivos en el tratamiento de dos iniciativas que buscan, entre otras cosas, establecer un sistema de alertas tempranas, incorporar contenidos educativos en las escuelas y ofrecer asistencia directa a quienes sufren fraudes digitales.

La fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, aportó el dato que ilustra la magnitud del fenómeno en la provincia: desde fines de 2022 se registran entre ocho y nueve denuncias diarias por ciberestafas. Ese rango corresponde a un promedio anual de entre 2.900 y 3.300 casos, aunque está pendiente un registro oficial consolidado.

“Lo que persiste es un engaño clásico, pero hoy más elaborado: se vale de plataformas y redes para captar víctimas”, afirmó Cornejo durante la reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, Trabajo y Régimen Previsional. Además, advirtió que la inteligencia artificial ya se utiliza para generar videos que promueven inversiones falsas y captan a quienes buscan mejorar sus ingresos.

“Con un teléfono y conexión a Internet, es suficiente para engañar”, planteó la fiscal, que destacó que muchas maniobras no demandan conocimientos técnicos avanzados, sino una manipulación psicológica a través de mensajes, llamadas, ofertas falsas y suplantación de identidad. Aunque su función es intervenir cuando el delito ya ocurrió, subrayó que la tarea previa—la prevención—es crucial. Por ello, enfatizó la relevancia de campañas asesorando a la población para identificar modalidades de fraude antes de que se concrete el perjuicio económico.

El debate parlamentario reúne dos proyectos. Uno, impulsado por el senador Luciano Elvira, propone la creación del Programa Provincial de Prevención, Concientización y Protección contra Estafas Digitales y Fraudes Electrónicos. Entre sus herramientas figuran una línea gratuita para denuncias urgentes, avisos públicos sobre nuevas modalidades y mecanismos de colaboración con plataformas digitales y entidades financieras para intentar frenar transferencias fraudulentas a tiempo. También contempla apoyo y contención para las víctimas, que a menudo se encuentran con respuestas automatizadas al reclamar ante bancos y otros actores.

“Buscamos dotar de un marco legal a ese trabajo y darle las herramientas necesarias para que la prevención reduzca las estafas”, afirmó Elvira. El legislador insistió en la necesidad de articular las acciones entre fuerzas de seguridad, Gobierno provincial y Poder Judicial.

La segunda iniciativa ya cuenta con media sanción, según se informó en la sesión, aunque no se detallaron sus alcances en este tramo de la exposición.