La Corte Suprema de Argentina determinó que la Inspección General de Justicia (IGJ) retenga la fiscalización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de la mano de su presidente Claudio Tapia. Sin embargo, la designación de veedores para revisar los balances y movimientos de la entidad no será inmediata; si el expediente sigue las rutas procesales habituales, es probable que la veeduría recién empiece en 2027.

La decisión de la Corte, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró arbitraria la sentencia del 18 de junio dictada por la Sala D de la Cámara Civil, que había cancelado la inscripción de la AFA ante la IGJ. Aquella resolución de la Cámara Civil también había anulado la resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, que ordenaba una veeduría de 180 días hábiles sobre la entidad. Pero la Corte no se pronunció sobre el fondo de la disputa; revocó ese fallo y remitió el caso para que se expida una nueva revisión.

En consecuencia, el expediente debe volver a la Cámara Civil para que emita una nueva sentencia que siga lo dispuesto por la Corte: la IGJ mantiene sus facultades de fiscalización mientras no se cancele la inscripción de la AFA en su jurisdicción de origen, y hasta que ello ocurra, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires no tiene jurisdicción sobre la entidad.

La nueva resolución no puede ser firmada por la misma Sala D (Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset), los mismos camaristas que firmaron el fallo que la Corte anuló y que ya habían favorecido a la AFA en decisiones previas desde 2024. El tribunal deberá ser otro y, una vez que exista una sentencia firme, el Ministerio de Justicia podrá reactivar la designación de veedores.

El proceso implica sortear o designar al nuevo conjunto de camaristas, remitir el expediente, notificar a las partes y agotar posibles recursos que presenten. Con la feria judicial de enero en marcha, los tribunales estiman que la veeduría difícilmente podría empezar antes de 2027.

Fuentes del Ministerio de Justicia, liderado por Juan Bautista Mahiques, indicaron que el deseo es avanzar con la designación, pero que todo depende de la decisión judicial. Aclararon que no tomarán medidas que la AFA pueda impugnar nuevamente y esperarán el pronunciamiento de la Cámara Civil.

La demora es relevante porque los veedores deben auditar libros contables, contratos y movimientos financieros de la AFA. Esos mismos registros están bajo la lupa de la justicia penal económico, que investiga a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por presunto fraude.

Paralelamente, la Corte dejó claro que la AFA continúa bajo el control de la IGJ; el traslade de su sede a Pilar no la exime de esa vigilancia hasta completar formalmente el cambio de domicilio.

Entre los nombres anunciados el 16 de marzo por el ministro Mahiques figuran el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, designados para realizar la revisión durante 180 días hábiles.