La Provincia de Salta ya tiene en curso una acción judicial para intentar frenar el paro de los anestesistas. La Fiscalía de Estado presentó un recurso de amparo acompañado de una medida cautelar con el objetivo de suspender la medida de fuerza que mantienen esos profesionales.

La disputa se inició a mediados de octubre, cuando se empezaron a suspender cirugías programadas en distintos hospitales de la provincia. El 13 de ese mes se registró la primera tanda de interrupciones y, la semana pasada, se sumaron al paro los médicos que trabajan en los hospitales San Bernardo y Materno Infantil de la ciudad de Salta.

Según informaron desde la Fiscalía de Estado a Salta/12, junto con la cautelar se solicitó también la apertura de negociaciones que, hasta la fecha, no habían logrado avances a nivel del Poder Ejecutivo.

La acción judicial va dirigida contra la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR), que mantiene convenios con el Ministerio de Salud Pública para facilitar el pago a los anestesistas que cumplen funciones en hospitales públicos a través de esa intermediación.

Entre los motivos de la demanda figura la falta de actualización de las prestaciones desde julio del año pasado, así como la ausencia de pagos correspondientes a agosto y la falta de avances en las negociaciones para acordar un nuevo esquema.

Por su parte, ASAAR sostiene que el único hospital sin demoras en sus obligaciones sería el Arturo Oñativia, que habría aceptado una recomposición de pagos tras los resultados de las paritarias entre el gobierno provincial y los gremios que agrupan a los empleados estatales.

El Ministerio de Salud, en cambio, negó la existencia de una deuda y explicó que el convenio vigente establece un plazo de 30 días para el pago desde la presentación de la facturación de las horas guardia y de 60 días desde la facturación de las prestaciones anestesiológicas, tiempo necesario para auditar las prácticas médicas declaradas.

La cartera afirmó haber desembolsado 1.137.876.672,06 pesos en octubre y, desde enero hasta la fecha, un total de 4.143.233.273,43 pesos, con el fin de garantizar la cobertura sanitaria. En un comunicado difundido la semana pasada, sostuvo que presentar como deuda períodos cuyos plazos de auditoría y pago no han vencido resulta “información inexacta” y llamó a los anestesistas a reanudar el servicio, lo que aún no ocurrió.

A partir de ahora, el proceso continúa a la espera de la decisión del Juzgado Civil y Comercial N° 3, donde quedó radicado el amparo promovido por el gobierno provincial.