La presidenta de la Cámara de Comercio de Salvador Mazza, Norma Gareca, confirmó que las tiendas de esa localidad, en la frontera con Bolivia, se unieron al recurso de amparo presentado por Salvador Mazza y Aguas Blancas contra la resolución 5910/2026 del ARCA, que impone restricciones al comercio internacional.

La decisión de adhesión se tomó en asamblea el lunes anterior, antes de que el juez federal Nº 2 de Salta, Diego Anzorreguy, expresara su incompetencia territorial para tramitar el amparo. Ahora el caso quedó a la espera de que la Justicia Federal determine si corresponde que vaya a Tartagal o a Orán.

La cuestión de seguridad jurídica se complica porque la causa quedó en la “mesa distribuidora” de la Justicia Federal, para decidir cuál tribunal debe intervenir: Tartagal, en el departamento San Martín (donde se ubican Salvador Mazza), o Orán, en el departamento homónimo (donde está Aguas Blancas).

En su dictamen, el fiscal federal Ricardo Toranzos añadió al debate sobre la territorialidad la cuestionada legitimidad de los municipios representados por Adrián Zigarán, en Aguas Blancas, y Gustavo Subelza, intendente de Salvador Mazza. Los funcionarios municipales sostienen que los efectos de ARCA podrían alterar la paz social y el orden público, además de afectar las arcas municipales por la caída de la recaudación. No obstante, Toranzos sostiene que la legitimación activa corresponde a asociaciones de consumidores debidamente registradas.

Por su parte, el juez Anzorreguy se limitó a la territorialidad para señalar su falta de competencia en este amparo. Una vez que se determine qué magistrado deberá intervenir, se definirá si la Cámara de Comercio de Salvador Mazza tiene legitimación para adherirse al amparo.

Para los municipios, la resolución de ARCA —que está suspendida hasta febrero— perjudica las ventas de comerciantes argentinos a ciudadanos bolivianos y, por ende, genera una menor recaudación municipal. Gareca destacó que “ya somos dos actores de San Martín” y afirmó que insistirán en que el amparo se tramitene en esa jurisdicción federal.

Mientras tanto, los comerciantes mantienen mesas de trabajo para acordar condiciones de venta que beneficien a todos los actores y pidieron la participación de representantes de Bolivia. Se espera que haya avances para febrero o incluso antes, dado que la resolución podría reactivarse.

Entre los principales cuestionamientos a ARCA figuran el tope de 150 dólares por persona al día para ventas argentinas y la restricción de que mercancía, como harina, solo pueda salir en paquetes de hasta diez kilogramos.