El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Comodoro Py consiguió su segunda certificación IRAM-ISO 9001:2015, destinada a mejorar los procesos de tramitación y elaboración de resoluciones interlocutorias, mientras continúa supervisando la ejecución de las condenas dictadas en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y otros imputados.

El certificado fue emitido el 14 de octubre de 2026 por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación y tendrá vigencia hasta el 25 de octubre de 2027. La acreditación abarca el sistema de gestión de calidad del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura aplicado a las actuaciones del tribunal.

Las resoluciones interlocutorias son decisiones judiciales sobre cuestiones que aparecen a raíz del desarrollo de un expediente. La certificación evalúa cómo se organizan, redactan y tramitan estos pronunciamientos, pero no revisa su contenido ni determina la solvencia de su criterio jurídico.

El juez federal Jorge Luciano Gorini, junto al secretario Tomás Cisneros, impulsó la iniciativa y vinculó el logro a las tareas actuales del juzgado. “Es relevante que esto se realice en un tribunal que ya llevó adelante el juicio de Vialidad y que, además, está a cargo de la supervisión de la ejecución de la condena de Cristina y de otros condenados en ese expediente”, señaló.

Gorini añadió que la certificación permite visibilizar labores judiciales que suelen quedar fuera del escrutinio público. “Es la segunda certificación de calidad que obtenemos y demuestra la calidad con la que venimos desarrollando las tareas, a veces invisibilizadas. Por eso es importante que trascienda”, afirmó.

El TOF 2 también incorporó herramientas tecnológicas, incluidas soluciones basadas en inteligencia artificial, para ordenar sus procedimientos internos y reducir posibles contradicciones entre resoluciones. El objetivo es construir una base de datos propia que permita consultar antecedentes y mantener criterios homogéneos.

“Se busca, incluso usando IA, lograr coherencia en los pronunciamientos interlocutorios para evitar contradicciones entre decisiones y, en definitiva, sostener una base de datos que sostenga la homogeneidad en las resoluciones”, explicó Gorini.

La iniciativa apunta, además, a evitar diferencias de criterio cuando los integrantes del tribunal intervienen en causas asignadas a un solo juez. El magistrado aclaró que el alcance se limita a las resoluciones interlocutorias y a la gestión administrativa previa a los juicios, y no abarca las sentencias dictadas tras los debates orales.