La reforma de la Ley de Salud Mental logró ayer la media sanción en el Senado, en una votación que se realizó en la madrugada y, según la decisión, refleja un acuerdo con sectores aliados tras varias jornadas de negociación. Fueron 42 votos a favor y 21 en contra. Para obtener ese respaldo, Patricia Bullrich aceptó modificar puntos del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei y acordar cambios que permitan sumar a bloques que venían reclamando garantías.
Entre los ejes centrales de la discusión estuvieron dos cuestiones clave: cómo se financian los servicios a nivel provincial y qué papel deben cumplir los psicólogos en las decisiones about internaciones. El texto llegó al recinto con diferencias abiertas, a pesar de que La Libertad Avanza contaba con apoyo del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas. Varios senadores condicionaron su apoyo a la incorporación de garantías presupuestarias y a ajustes en la forma de integrar a los equipos profesionales.
Aunque el proyecto ya había sido modificado en comisiones, la presidenta del bloque libertario aceptó nuevas modificaciones para asegurar la aprobación y luego remitirlo a la Cámara de Diputados. En esa negociación quedó en evidencia la dificultad para el Gobierno de avanzar con cambios en las reglas de atención sin que las provincias asuman mayores responsabilidades fiscales.
El financiamiento emergió como el tema más áspero. Sostuvieron senadores provinciales que la reforma debe establecer obligaciones claras para el Estado nacional, para evitar que los costos de los dispositivos de atención y de las exigencias profesionales recaigan exclusivamente en los gobiernos locales. En respuesta, Bullrich aceptó fortalecer la obligación de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La redacción actual prevé la posibilidad de suscribir convenios bilaterales que definan aportes para implementar las modificaciones.
Los recursos, tal como quedó planteado, se deben coordinar a través del Consejo Federal de Salud (COFESA) y se dirigirán a fortalecer el personal, a ampliar dispositivos comunitarios y a avanzar en líneas como la telemedicina, entre otras necesidades señaladas.
En las discusiones de comisiones, algunos firmantes del dictamen de mayoría expresaron disidencias, argumentando que las garantías de financiamiento resultan insuficientes. Convicción Federal presentó un dictamen de minoría; la senadora de Jujuy Carolina Moisés cuestionó la posibilidad de ampliar internaciones sin asegurar la infraestructura y el equipo profesional necesarios. Subrayó que, para avanzar, se requieren recursos para las provincias y para los centros comunitarios, y advirtió que la propuesta, como la de otros bloques, mantiene la internación involuntaria.
Moisés planteó además una de las preguntas centrales de la reforma: ¿cómo garantizar la atención a los pacientes si los establecimientos y los equipos no están debidamente provistos? El tema de la infraestructura y la disponibilidad de personal humano aparece como condición indispensable para la implementación de los cambios propuestos.
