El Senado dio un paso clave en el tratamiento de la Ley Nacional de Salud Mental al aprobar, en los primeros minutos de este viernes, la iniciativa oficial para reformar la norma vigente desde 2010 (Ley 26.657). La propuesta, que había generado largas discusiones por sus cambios al sistema de atención y a la financiación, obtuvo 42 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención, y quedó remitida a la Cámara de Diputados para continuar su trámite.

Entre los cambios previstos se contemplan modificaciones en las internaciones involuntarias, la intervención de equipos interdisciplinarios y la atención de personas con consumos problemáticos y otras adicciones. Algunas modificaciones fueron introducidas apenas antes de iniciar el debate.

Ivanna Arrascaeta, senadora por San Luis y autora informante del proyecto, afirmó que la ley vigente “consagró derechos y garantías valiosas”, pero que sus resultados no lograron garantizar su efectividad; por ello, sostuvo que es necesario dotar al sistema de herramientas adecuadas. En esa línea, subrayó el cambio terminológico propuesto: pasar de hablar de “padecimiento” a referirse a una “afección o trastorno mental”, lo que permitiría intervenciones más oportunas.

La legisladora señaló también que, desde la sanción de la norma actual, la internación dejó de responder exclusivamente a criterios clínicos y pasó a ser, en muchos casos, una respuesta ante la falta de viviendas y de redes de apoyo familiar. Añadió que el plan de salud mental propone un marco común para las provincias, que podrán aplicarlo de acuerdo a sus recursos, reconociendo al mismo tiempo que la ley quedó desactualizada.

La senadora Silvana Schneider, de la UCR por Chaco, respaldó la reforma y afirmó que está pensada para las familias, brindando herramientas para el cuidado de las personas con padecimientos de salud mental. Señaló que la propuesta permite “ver la película completa y no solo una foto” y que, al ordenar al equipo de salud y acompañar a los padres ante situaciones difíciles, se busca evitar demoras en la intervención.

En la oposición también hubo cuestionamientos sobre el contenido y los recursos necesarios para implementarla. La senadora María Celeste Giménez Navarro (San Juan) sostuvo que la salud mental no puede ser un privilegio de quienes pueden pagarla y calificó la iniciativa como una reforma regresiva dentro de un contexto de recortes y ajustes. Los críticos advirtieron sobre la capacidad de ejecución y la financiación de la eventual puesta en marcha.

Se destacó que el proyecto deberá ahora avanzar en la Cámara de Diputados para completar su recorrido legislativo.