El Senado de Paraguay decidió este viernes destituir por unanimidad al presidente Santiago Peña, al considerarlo culpable de mal desempeño en un juicio político. Poco después, Peña fue detenido por presunta lesión de confianza y otros hechos vinculados al cierre de Ueno Bank, una medida que afectó a millones de ahorristas. También la fiscalía ordenó el arresto del expresidente del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

La sesión en la Cámara alta se desarrolló por la tarde y transcurrió sin la presencia del mandatario, quien no se presentó y dejó en manos de sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda su defensa. Con 44 legisladores presentes, la votación terminó con el respaldo de toda la bancada, ya que solo un senador se ausentó.

Con 47 años, Peña se convirtió en el segundo jefe de Estado paraguayo elegido mediante voto popular en ser destituido desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989; el único antecedente anterior fue la destitución de Fernando Lugo en 2012.

Tras la decisión, la Fiscalía de Paraguay detuvo al exmandatario en su domicilio de Asunción y lo citó a declarar para este sábado a las 11. Peña había sido citado a acudir al Congreso, pero no se presentó y delegó su defensa.

En la escena política, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia del país durante la sesión y comentó que buscaría actuar con serenidad en una hora difícil y sin perder de vista el deber de gobernante.

En la madrugada, la Justicia ordenó el traslado de Peña al Regimiento Escolta Presidencial, cuartel militar de élite, como respuesta a una masiva protesta de vecinos frente a su domicilio.

La destitución se da en un contexto de crisis financiera y política provocada por la intervención del Banco Central en Ueno Bank. La entidad contaba con unos 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes y había recibido considerables aportes de fondos públicos durante la gestión de Peña. La medida dejó a millones de usuarios sin acceso a sus ahorros y generó preocupación entre los jubilados del IPS.

Entre las denuncias, la Cámara de Diputados señaló un presunto perjuicio de alrededor de US$1.200 millones para el Estado por el caso Ueno Bank, y acusó a Peña de vínculos con la entidad y de direccionar fondos públicos hacia el banco.

Uno de los ejes centrales del juicio político fue la discusión sobre la situación institucional del exmandatario. Según el artículo 189 de la Constitución paraguaya, los expresidentes elegidos democráticamente pueden convertirse en senadores vitalicios con inmunidad parlamentaria, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.