Buenos Aires, 30 de octubre (NA) — A segundos de cerrar el mes, dentro del oficialismo se observan posturas contrapuestas sobre el futuro de la reforma electoral y las tratativas con gobernadores aliados, mientras crecen las dudas sobre los plazos para avanzar con el proyecto en el Congreso.

En los despachos vinculados a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, se muestra optimismo por las conversaciones que Diego Santilli mantiene con representantes provinciales y se habla de posibles avances en los próximos días.

Quienes respaldan al oficialismo coinciden en que la mayor resistencia proviene de la Unión Cívica Radical para acompañar a La Libertad Avanza (LLA) en la eliminación de las PASO. En particular, señalan al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien busca frenar las intenciones de impulsar a Luis Petri como candidato para sucederlo en las próximas elecciones.

En la Casa Rosada asumen que, si se logra avanzar con los radicales, el PRO podría sumarse al proyecto, que propone además de sacar las PASO una revisión del financiamiento de los partidos y la incorporación de Ficha Limpia, entre otros puntos.

“Dependerá de Patricia Bullrich, porque el avance tiene que darse en el Senado. En los próximos días habrá novedades”, comentó un integrante de la mesa política ante Noticias Argentinas.

Sin embargo, hay sectores de la administración libertaria que se muestran más pesimistas y advirtieron que, si el Senado no emite dictamen la próxima semana, la configuración podría complicarse y obligar a rediseñar la estrategia electoral de cara a 2027. “Si no lo resolvemos antes de fin de mes, tendremos que replantear la estrategia con un escenario de PASO y competir en todos los distritos”, expresó otro dirigente del ala política.

La reconfiguración de la estrategia incluye la posibilidad de presentar listas propias en cada provincia, aunque desde el oficialismo se aclara que se mantendrán consideraciones especiales con los gobernadores que expresaron su respaldo al Gobierno.

La presión sobre los aliados va en aumento a medida que se acerca el cierre del periodo de sesiones ordinarias, fijado para el 30 de noviembre. En paralelo, la opción de suspender las PASO para el año próximo o de impulsar el tratamiento de la reforma en sesiones extraordinarias pierde fuerza por el riesgo de judicialización. El Gobierno insiste en terminar los cambios antes del inicio del año electoral, alineándose con los planteos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).