En un sesión celebrada en Buenos Aires, el Senado autorizó por 60 votos a favor y 2 en contra un proyecto que crea un marco regulatorio para el desarrollo de iniciativas destinadas a reducir emisiones y a la generación de créditos de carbono. El respaldo provino de bloques como Libertad Avanza, la UCR, PRO, Justicialista, Primero los Salteños y Movimiento por Misiones, entre otros de carácter provincial.

Un crédito de carbono corresponde a un proyecto que evita o captura carbono (por ejemplo, reforestación, conservación de bosques nativos, generación de energía limpia) y obtiene un certificado por cada tonelada de carbono evitada. Empresas y naciones que deben compensar emisiones pueden adquirir estos certificados para cumplir sus metas ambientales.

La iniciativa fija objetivos orientados a promover proyectos de reducción y remoción de emisiones, desarrollar herramientas económicas y financieras que favorezcan la estabilidad y escalabilidad, asegurar trazabilidad y evitar el doble conteo, impulsar economías regionales en armonía con la protección ambiental, y brindar seguridad jurídica a los titulares de proyectos, además de fortalecer el federalismo ambiental.

La senadora por Salta, Flavia Royón, afirmó que Argentina está retrasada en la temática de los mercados de carbono por falta de un marco regulatorio que permita comercializar bonos de carbono en mercados regulados o a través de mecanismos que ofrezcan mejores valores. En tanto, la senadora Sonia Decut Rojas, de Misiones, comentó que se trata de una ley que define cómo Argentina puede integrarse a los mercados internacionales de carbono, posibilitando inversión, financiamiento y oportunidades para provincias y empresas argentinas si se conservan bosques y se reducen emisiones. Por su parte, el senador peronista Jorge Capitanich destacó la idea de generar mecanismos de financiamiento para convertir a Argentina en acreedora ambiental, de modo que quienes aumenten gases de efecto invernadero y afecten al ambiente asuman la compensación correspondiente.

Entre los puntos clave, la norma establece al crédito de carbono como un bien inmaterial con personalidad jurídica y económica propia, distinto de bienes inmuebles, recursos naturales o la actividad de la que deriva. También garantiza estabilidad fiscal por treinta años para los proyectos de carbono registrados en el ReNaRe (Registro Nacional de Proyectos de Reducción de Emisiones).

Además, la ley propone la libre comercialización de créditos de carbono en mercados nacionales e internacionales sin necesidad de autorización previa, aunque se establece la autorización de la autoridad de aplicación cuando los créditos se destinen a metas climáticas de otro país o a determinados mecanismos internacionales.

La normativa permite que los créditos de carbono sirvan como respaldo o componente de instrumentos financieros; en estos casos, se prevé la intervención de la Comisión Nacional de Valores cuando esos instrumentos estén sujetos a su regulación.