Luego del fallo en San Nicolás que absolvió a un dirigente del Sindicato de Camioneros y a otros seis imputados, este lunes se inicia en Rosario un proceso oral contra cuatro responsables del bloqueo que padeció la firma Razzini durante 90 días en 2020. La causa, que había quedado congelada durante años, estuvo muy cerca de la prescripción hasta que un nuevo impulso permitió reactivarla.
El debate se desarrollará ante un tribunal formado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre y se extenderá hasta el jueves. Los acusados pertenecen al Sindicato de Camioneros de Santa Fe y están imputados por el delito de desabaratamiento de empresa, tipificado como causar la interrupción de la actividad económica con penas de dos a seis años de prisión.
La propietaria de la firma, Verónica Razzini, diputada libertaria, será la primera testigo. Su empresa, dedicada a la distribución de materiales de construcción y fundada en Rosario hace seis décadas por su abuelo, vivió una etapa muy adversa desde el inicio del bloqueo, el 8 de junio de 2020. Razzini relató haber recibido amenazas diarias, haber sido escupida e insultada, e incluso haber sufrido intimidaciones con arma de fuego; llegó a mudarse para proteger a su familia y tuvo que contratar custodia para resguardar a sus empleados.
El desencadenante del conflicto fue la pretensión de Camioneros de Santa Fe de que 18 de sus 100 trabajadores se afiliaran al sindicato, a pesar de que la actividad de la empresa no tenía relación directa con el transporte de cargas y la normativa vigente señalaba que la inscripción correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA.
Razzini y su familia presentaron denuncia y lograron que la Justicia imputara a 10 empleados y a 3 delegados sindicales que impedían el acceso a las sedes y amenazaban a los directivos. Los problemas no se detuvieron: en julio de 2022 la fachada fue baleada en tres ocasiones y se dejó un mensaje intimidatorio en la puerta, que decía: “Retirá la denuncia”.
La causa había quedado trabada en la Justicia durante años y estuvo próxima a prescribir hasta que, impulsado por un nuevo fiscal, Germán Mazzoni, se reactivó y llegó a esta instancia de juicio oral.
Tras la protesta de 2020, Razzini cofundó junto a Florencia Arietto el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que orientó esfuerzos a ayudar a pymes afectadas por medidas sindicales extorsivas y, en diciembre de 2023, la empresaria obtuvo una banca en la Cámara de Diputados por el PRO y, hace un año, se incorporó a La Libertad Avanza. Su acción fue determinante para que la Ley Bases calificara los bloqueos como grave injuria laboral, permitiendo despidos con causa de quienes participen en este tipo de medidas. También participó en iniciativas vinculadas a la Ley de Modernización Laboral.
