La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto, por segunda ocasión, el procesamiento del exsecretario de Seguridad Interior Gerardo Milman en la investigación que investiga la contratación irregular de trabajadores de la construcción como personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich. La decisión fue tomada por los jueces Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, con la disidencia del camarista Gustavo Hornos. El fallo también alcanza a Gerardo Gómez Coronado, quien era jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la DNIC.

La sala, al aceptar el recurso de la defensa de Milman —representada por Manuel Barros—, anuló la resolución del 3 de noviembre de 2025 dictada por la Sala II de la Cámara Federal porteña y remitió el expediente para que, donde corresponda, se emita un nuevo pronunciamiento. A diferencia de un sobreseimiento, los magistrados aclararon que la resolución se dicta “sin pronunciarse sobre el fondo del asunto”; no obstante, es la segunda vez que la Casación devuelve el caso por la misma deficiencia procesal.

En una intervención previa, la Casación —con una integración distinta— ya había anulado el fallo por falta de fundamentación. En aquella línea, se debatía si existió dolo o si, en cambio, la conducta habría consistido en una irregularidad administrativa.

Más allá de la nulidad, la Casación dejó firme la imputación para Milman y Gómez Coronado, sin prisión preventiva, pero modificó la calificación y ordenó revisar los montos de los embargos. El tribunal dio por probado que, mediante esas contrataciones, el Estado habría sufrido un perjuicio de 1.787.260 pesos pagados entre noviembre de 2017 y enero de 2018.

Entre los contratados aparecían trabajadores que, según declaraciones, nunca prestaron tareas para la DNIC, y un peritaje señaló discrepancias entre las firmas de los recibos de sueldo y las de quienes figuran como firmas. La reconstrucción indica que se trataba de personal del rubro de la construcción destinado a la obra de una oficina.

Milman, quien ejercía funciones de alto rango en la Secretaría de Seguridad Interior y en la DNIC, habría suscrito las propuestas que dieron inicio a los expedientes y habría enviado a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos los proyectos de resolución para aprobar la contratación de 18 personas.

Para la Cámara, frente a irregularidades “flagrantes”, el accionar de los funcionarios involucrados podría entenderse como doloso dada su posición y el conocimiento de la normativa. Sin embargo, la mayoría de la Casación rechazó esa interpretación. Barroetaveña sostuvo que persiste un argumento ya descartado al sostener que la notoriedad de las irregularidades y el cargo de los imputados equivalen a conocer la ilegalidad, lo que generó críticas entre los colegas. Hornos, en disidencia, cuestionó esa lectura.

En síntesis, la Casación devuelve el expediente a la Cámara para nuevos pronunciamientos, reiterando que el fallo no implica un fallo de fondo y dejando abiertas nuevas definiciones sobre la calificación y los embargos.