La justicia federal ratificó el cierre de la investigación abierta contra el presidente Javier Milei por sus salidas al exterior, al señalar que varios de esos viajes tuvieron objetivos personales o políticos y no correspondieron a representaciones oficiales del país ante otros estados.

La denuncia, iniciada por Javier Adrián Garin en los tribunales de Comodoro Py, apuntaba a delitos como malversación de caudales públicos, peculado e incumplimiento de deberes de funcionario. En su conjunto, el planteo sostenía que gran parte de los desplazamientos —principalmente a España y Estados Unidos— obedecía a fines privados (recibir premios, promover su figura o mantener reuniones políticas) y que, por ello, se financiaban con fondos estatales y no representaban al país.

La causa quedó a cargo de la jueza María Servini y del fiscal federal Carlos Rívolo, quienes promovieron dos medidas de prueba preliminares. Entre ellas, solicitaron a la Secretaría General de la Presidencia un registro detallado de cada viaje: destino, fechas, motivo y si el viaje fue oficial, privado o mixto; y a la Cámara de Diputados, información sobre posibles pedidos de informes al Poder Ejecutivo respecto a las salidas del jefe de Estado.

El fiscal Rívolo sostuvo que no existía un ilícito por investigar y que la evidencia aportada por la Secretaría General de la Presidencia mostraba que, en todos los casos, los viajes eran de carácter oficial, con descripción del destino, fechas, motivos y acompañantes. Subrayó, además, que aunque las motivaciones de cada viaje puedan resultar discutibles, se trataba de decisiones propias del Poder Ejecutivo y no deben someterse a revisión judicial, siempre que no se vulneren normas.

En mayo pasado, la jueza Servini había archivado la denuncia, y la ampliación de la acusación contra Karina Milei —hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia— también quedó asentada en ese marco. La Sala de la Cámara Federal, al rechazar el recurso contra ese fallo, dejó firme la decisión de archivar la causa, derivando en que las salidas al exterior del jefe de Estado, según las resoluciones a las que accedió Clarín, no configuran ilícito alguno y quedan dentro de las potestades del Ejecutivo Nacional.