El gobierno argentino está atento a la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) respecto del pedido para frenar la exploración petrolera cerca de Malvinas y ya delineó una batería de acciones jurídicas y diplomáticas en función de cuál sea el veredicto. La Casa Rosada admite que podría darse la hipótesis de que el futuro tribunal arbitral no tenga jurisdicción, pero también contempla fallos a favor o parcialmente favorables, sin descartar ninguno de los escenarios.

El fallo está previsto para el sábado 28 de noviembre, tras las audiencias llevadas a cabo esta semana en Hamburgo, Alemania. Ante esa fecha, las autoridades argentinas remarcan la necesidad de preparar respuestas para todos los desenlaces posibles y sostienen que no sería sensato postergar la resolución de las medidas provisionales hasta 2027; el organismo debería pronunciarse sobre la solicitud de Argentina sin demoras.

En el Ejecutivo destacan que las funciones de la estrategia se sostienen en un equipo jurídico y de representación internacional que aterrizó en Hamburgo, integrado por funcionarios de la Cancillería y de la Secretaría Legal y Técnica, junto a juristas especializados en derecho internacional. En Balcarce 50 sostienen que la Argentina realizó las presentaciones correspondientes y que, a partir de ahora, la decisión depende exclusivamente de los magistrados.

El eje central es que el ITLOS no se pronunciará sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Argentina inició un arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y catalogó la solicitud ante Hamburgo como una protección urgente mientras se conforma el tribunal encargado de dirimir la controversia. El pedido no busca definir la titularidad del archipiélago, sino salvaguardar derechos sobre la plataforma continental y sus recursos frente a actividades unilateralmente impulsadas.

La norma citada, el artículo 290, inciso 5 de CONVEMAR, faculta al ITLOS para dictar medidas provisionales antes de la creación del órgano arbitral si, de manera preliminar, se considera que podría surgir jurisdicción y existe una situación de urgencia. La evaluación oficial también contempla la plausibilidad de los derechos que se pretenden proteger y el riesgo de perjuicio irreparable. Se trata, en concreto, de una instancia procesal distinta del arbitraje de fondo, que podría continuar durante un periodo.