El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, sostuvo la decisión de llevar al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para frenar el proyecto Sea Lion, operado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, en la Cuenca Malvinas Norte. Argentina sostiene que las licencias otorgadas por Londres para estas actividades son ilegales y advierte que la iniciativa podría implicar 23 pozos y 35 años de producción, con posibles daños irreversibles antes de que el tribunal pueda emitir una resolución.

Quirno escribió una columna en La Nación en la que detalla la estrategia oficial frente al plan británico. Aseguró que el Gobierno no se quedará impasible ante lo que considera un aprovechamiento de recursos naturales y enfatizó que es la primera vez que la Argentina lleva a este país a un foro internacional por una cuestión vinculada a las Malvinas. También llamó a que el Congreso acelere la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y afirmó que el Ejecutivo seguirá adelante con procedimientos sancionatorios y con acciones penales contra las empresas y sus directivos.

El proyecto Sea Lion contempla 23 pozos y 35 años de producción en la cuenca Malvinas Norte, según detalló el canciller. Argentina inició el arbitraje el 28 de septiembre y, el 13 de octubre, presentó medidas provisionales ante el tribunal con sede en Hamburgo. En las audiencias del 10 y 11 de noviembre, la delegación argentina argumentó que se requieren protecciones urgentes mientras se conforma el órgano arbitral para evaluar el fondo del caso.

Entre los objetivos, la Argentina busca impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura, pedir que Londres se abstenga de usar datos de exploración que perjudiquen derechos argentinos, evitar obstáculos al cuidado del medio marino y impedir nuevas autorizaciones que amplíen la controversia.

Por su parte, el Reino Unido cuestionó la competencia del ITLOS al entender que el asunto implicaría una disputa territorial. Quirno aclaró que la soberanía sobre las islas no está en juego en este procedimiento; lo discutido aquí se centra en las obligaciones sobre recursos naturales y el entorno ambiental en los espacios marítimos en disputa.

Durante las audiencias, Londres indicó como fecha más temprana para nuevas perforaciones el 21 de marzo de 2027 y, para el inicio de la extracción, marzo de 2028, aunque señaló que los árbitros podrían intervenir antes. La Argentina respondió que la formación del tribunal y su habilitación para actuar podría llevar meses, y que la perforación, incluso sin extracción, dejaría una huella permanente en el subsuelo.

Quirno añadió que, según un plan de contingencia de una de las empresas, un derrame podría alcanzar las aguas argentinas en 30 días.