Después de negociaciones que se extendieron hasta minutos antes de la sesión, el interbloque Unidos para Cambiar Santa Fe consiguió cerrar un consenso que permitió al gobierno de Maximiliano Pullaro obtener la media sanción de la reforma del conjunto de leyes de seguridad pública, vigente desde 2024. El entendimiento entre radicales y socialistas destrabó un proyecto que llevaba cinco meses de tensiones en el Congreso y que había expuesto diferencias profundas dentro de la coalición gobernante.

Los cambios apuntaron a moderar las disposiciones más cuestionadas por el socialismo y por bloques opositores que, aun así, mantuvieron su voto en contra en parte. Entre las modificaciones, se eliminó la posibilidad de tomar declaraciones a imputados sin asistencia letrada obligatoria; en su lugar, se introdujo una declaración informativa ante el fiscal, con derecho a guardar silencio y con una advertencia de que lo dicho no podrá utilizarse como prueba si la persona renuncia a un abogado.

También se dejó sin efecto el régimen especial de intervención policial en zonas muy golpeadas por la violencia. En cuanto a los allanamientos excepcionales sin orden judicial contemplados en el texto original, ahora interviene el fiscal con control judicial. La reforma incorpora además cambios al Código Procesal Penal y a normas relacionadas con inteligencia, defensa y organización policial.

La media sanción se logró con 37 votos a favor: el bloque Unidos, con la ausencia de Fabián Cejas, sumó a algunos aliados que votaron parcialmente a favor, como la bancada de Amalia Granata y la agrupación Somos Vida. También respaldaron la iniciativa aliados habituales como Juan José Piedrabuena (Del Barrio para la Gente), Edgardo Porfiri y Omar Paredes (Unidad por Santa Fe) y Beatriz Brower (Unite).

Entre los oficialismos, Alejandra Rodenas votó afirmativamente en general y en contra de algunos artículos. En contra votaron 7 diputados del peronismo y 3 del Frente Amplio por la Soberanía (FAS).

La socialista Lionella Cattalini defendió el resultado y sostuvo que el texto aprobado mejora lo enviado por el Ejecutivo, apuntando a que las presiones de dirigentes oficialistas para presentar objeciones como posiciones a favor del delito no cambian su lectura. Por su parte, Martín Rosúa (UCR) catalogó la reforma como un cambio de paradigma orientado a ampliar la actuación del Estado sin perder garantías, y recordó la caída de homicidios en Rosario para argumentar que las organizaciones criminales demandan herramientas actualizadas.

La oposición sostuvo sus reparos. Carlos Del Frade (FAS) alertó sobre una transferencia excesiva de facultades a la Policía y advirtió sobre posibles retrocesos democráticos, señalando que la delegación de atribuciones podría generar desequilibrios. El debate dejó claro que, si bien se avanzó, persisten objeciones y preocupaciones sobre el alcance de las nuevas potestades policiales.