Arnaldo Andrés “Junior” Vivas fue imputado por la Fiscalía Federal como organizador y financiista de una estructura dedicada al acopio, fraccionamiento y distribución de cocaína. La investigación identificó como responsable operativo a su socio, Maximiliano I., quien continúa prófugo. En los procedimientos, llevados a cabo por la PSA, se realizaron 19 allanamientos durante los cuales se incautaron 3.126 gramos de cocaína, de los cuales 2.555 gramos estaban fraccionados en dosis listas para la venta, y 585 gramos de marihuana. Además, se secuestraron 27.829.900 pesos, 36 teléfonos, seis balanzas, cinco armas de fuego, 55 municiones y nueve vehículos.

La acusación, presentada por el fiscal federal Franco Benetti en la audiencia de formalización ante el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz, sostuvo la existencia de una red con distribución de tareas, proveedores, vendedores minoristas y un circuito financiero que habría canalizado millones de pesos mediante billeteras virtuales. El magistrado formalizó la investigación y dictó prisión preventiva para los imputados por 180 días, con medidas diferenciadas para dos de ellos.

Este nuevo arresto se enmarca en una trayectoria previa de Vivas. En junio de 2017 fue detenido durante el operativo Corona Millonaria, cuando la Policía Federal desarticuló una organización asentada en la zona oeste de Rosario. En aquella oportunidad se lograron incautaciones de aproximadamente dos kilos y medio de cocaína en panes marcados con un sello de cerveza mexicana, además de dinero, camionetas y vehículos de alta gama. Vivas recibió una condena de ocho años de prisión, la cual ya habría cumplido. La investigación actual señala una operatoria de características similares, aunque deberá acreditarse en el marco del proceso.

El expediente indica que la organización habría funcionado al menos desde el 11 de marzo de 2025. Entre los domicilios registrados aparecen, en Rosario, Maratón al 2600 y Colombres al 2800; en Funes, Montevideo al 500; y en Casilda, Alsina al 3500. En particular, Montevideo 515 figura como uno de los lugares centrales para el almacenamiento y la distribución de estupefacientes. El caso también destaca la participación de un empleado de Aguas Provinciales de Santa Fe, con dos condenas previas por comercialización de drogas.