La nota de La Nación propone mirar la estabilización argentina desde la trayectoria peruana, subrayando que la baja de la inflación es solo una cara del desafío: también es necesario reconstruir la moneda, restablecer el crédito, evitar que la estabilidad dependa de ciclos electorales y crear condiciones para que ese equilibrio se traduzca en crecimiento.

El punto de partida peruano fue mucho más contundente que la difícil herencia que recibió Milei. En 1990, la inflación anual superó el 7600% y coexistía con la presencia violenta de Sendero Luminoso. El primer gobierno de Alan García terminó con emisión descontrolada, controles de capitales, múltiples tipos de cambio, default y ruptura con el FMI.

Fujimori, a su vez, implementó un ajuste brusco sobre precios regulados (tarifas y combustibles), unificó el esquema cambiario, liberalizó mercados y aceleró la consolidación de las cuentas públicas al dejar de financiar el déficit con emisión, además de restringir pagos de deuda y/o redescuentos a bancos.

A diferencia de la Convertibilidad, Perú no estabilizó fijando un tipo de cambio. Optó por flotación, utilizó inicialmente agregados monetarios y modificó la fuente de creación de dinero hacia la acumulación de reservas. En los primeros meses de la estabilización, las tasas reales pasivas resultaron negativas, pero ese rasgo no fue permanente: a medida que la desinflación se afianzó, se acercaron a cero y luego quedaron ligeramente positivas, mientras las tasas activas en soles siguieron altas y empujaron la dolarización del sistema financiero en la primera etapa.

La desinflación fue más lenta que la experimentada por Argentina en los 90. Tomó siete años alcanzar una inflación de un dígito, pero, a diferencia de la Convertibilidad, logró preservar la continuidad del régimen macroeconómico ante shocks externos (1997-2001), con un salto cambiario sin desbordes inflacionarios ni quiebres de contratos, aun con deuda y sistema financiero muy dolarizados. El Plan Brady llegó con retraso respecto de Argentina, lo que dejó necesidades financieras más manejables y una política de encajes que sostuvo al sistema financiero. El tercer gobierno de Fujimori terminó abruptamente en 2000 por acusaciones de corrupción.

La primera etapa de la estabilización peruana no buscó remonetizar en soles. Se aceptó un bimonetismo y se permitieron depósitos y créditos en dólares, que habían estado prohibidos durante la primera gestión de García. En 1992, alrededor de dos tercios de la liquidez ya estaba en dólares y, hacia fines de los 90, más del 80% del crédito estaba denominado en dólares.