La-pugna por la expropiación de YPF suma presión institucional en Estados Unidos, al presentarse ante la Corte Suprema un colectivo de quince estados, organizaciones no gubernamentales, académicos y dirigentes políticos en apoyo a los demandantes. Bajo la figura procesal de amicus curiae, buscan darle peso al pedido de revisión formulado por Burford Capital, que representa a Petersen Inversora, Petersen Energía y Eton Park, para que la Corte vuelva a analizar el fallo que absolvió al país de abonar el reclamo de US$16.100 millones.

El tribunal tiene como fecha límite el 2 de diciembre para que la Argentina presente su escrito formal. A partir de esa presentación, los jueces deben decidir si aceptan revisar el caso. Para que la Corte conceda la revisión, es necesario que al menos cuatro de los nueve magistrados voten a favor.

Si la Corte rechaza la revisión, el fallo a favor de Argentina quedará definitivamente vigente en territorio estadounidense. No obstante, algunos analistas señalan que podría haber un paso intermedio: solicitar a la Casa Blanca, mediante el Solicitor General, una postura oficial tras la revisión de los argumentos de la Argentina.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación indicaron a LA NACION que no especulan sobre apoyos posibles y subrayaron que estas intervenciones no constituyen una apelación automática, sino una etapa prevista por el reglamento del máximo tribunal de EE. UU. Además, destacaron que el Departamento de Justicia ya respaldó formalmente a Argentina en cinco ocasiones durante el litigio.

Según explicó Sebastián Maril, analista y director de Latam Advisors LLC, entre los presentantes de los amicus curiae figuran también el senador Eric Schmitt —de Missouri— y tres banqueros internacionales: Peter Blanton, Christopher B. Cowie y Neil Woodford.

En cuanto al interés del estado del Midwest, fuentes cercanas al caso señalan que responde a una controversia con otro país y se apoya en el derecho estadounidense, mientras que el fallo de YPF se resolvió con base en el derecho argentino. El involucramiento sectorial de estos estados, señalan, trasciende el caso YPF y apunta a evitar que se consolide un precedente que limite la jurisdicción de los tribunales y, por ende, el alcance de la jurisprudencia en casos similares.