La propuesta que obtuvo una aprobación en la Cámara de Diputados propone ampliar el marco penal para cubrir actos de vandalismo que afecten a la producción agropecuaria, y no tanto por endurecer penas sino para impulsar un debate sobre la desigualdad en la protección de la propiedad entre ciudades y campos.

El impulso del proyecto responde a una realidad descrita desde hace años por productores, entidades rurales y fuerzas de seguridad: episodios como roturas de silobolsas, daños a instalaciones, incursiones no autorizadas a predios (especialmente por cazadores), ataques a sistemas de riego, robo de animales y actos de violencia contra familias que trabajan en zonas rurales. Detrás de cada hecho hay una sensación de vulnerabilidad y una sensación de capacidad de respuesta del Estado que queda corta, según quienes viven y trabajan en el sector.

La iniciativa propone convertir en delito ciertas conductas que hoy suelen clasificarse como contravenciones. Entre los ejemplos que se mencionan durante el debate, figura la entrada sin permiso a un predio, algo que en contextos urbanos se tipifica como delito, mientras que en establecimientos rurales la respuesta legal muchas veces resulta limitada, incluso cuando hay riesgo o temor para las personas que allí viven o trabajan.

El diputado Martín Ardohain, titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara, explicó que la diferencia entre el tratamiento legal en ámbitos urbanos y rurales es la idea central del proyecto. Su visión fue que, sin una cobertura adecuada, la norma podría perder eficacia.

Otra pieza clave de la iniciativa es su mirada actualizada sobre los activos productivos. El Código Penal, redactado en 1921, no contemplaba herramientas propias de la producción moderna. Silobolsas, paneles solares, sistemas de riego, bombas sumergibles y equipamiento tecnológico pasan a jugar un rol central en la generación de valor, y los daños a estos bienes, aunque relevantes económicamente, no siempre estaban adecuadamente tipificados.

Sin embargo, aclara Ardohain, la solución no pasa únicamente por una reforma legal. El verdadero desafío vendrá después de que exista una sanción definitiva: la eficacia de la norma dependerá de que haya patrullas rurales operativas, recursos logísticos y policiales suficientes, fiscales especializados y una Justicia capaz de investigar y castigar con rapidez.

En ese marco, se subraya la necesidad de una coordinación entre órganos de seguridad, derechos de propiedad y procesos judiciales para traducir en resultados concretos un marco normativo que, hasta ahora, ha mostrado lagunas ante la realidad del campo argentino.