En Capitán Sarmiento, Andrea Ulere se quedó sin trabajo en agosto por el cierre de Granja Tres Arroyos. Reside en una localidad bonaerense con aspecto de pueblo que quedó golpeada por la desaparición de la fábrica. Con sus hijas en casa, recuerda que el año pasado ellas le regalaban viajes; este año solo busca salir adelante con lo mínimo, y admite que incluso un simple arreglo estético se siente como un lujo.

Otra postal es la de Laura, desde Lanús. Madre de dos niñas, una joven universitaria y otra en secundaria privada, es propietaria de una casa con piscina que podría convertirse en salón de fiestas. Su último trabajo formal fue hace dos años y ahora enfrenta la cuota escolar de cuatro meses pendientes. En su relato nocturno sintetiza una realidad dura: se pregunta si hoy habrá comida suficiente y reconoce que la preocupación domina cada día.

La región está marcada por el desempleo: durante el segundo trimestre del año la tasa se ubicó en 7,9%, y varios pagos en municipios cercanos superan cifras de dos dígitos. Según Fundar, el período reciente vino acompañado de una caída sostenida en la actividad: bajo la gestión de Milei, el país acumula 15.475 bajas de empresas en el último año y 32.290 desde noviembre de 2023, números que reflejan una retracción industrial amplia.

Quienes pierden su puesto de trabajo compiten con quienes mantienen su empleo, pero buscan ocupación ante la presión de los gastos. Distintas investigadoras, Juana Garabano y Gustavo Assusa (IDH-Conicet-UNC), señalan que muchos trabajadores hacen esfuerzos para no “quedarse sin ingresos”.

Un caso emblemático es el de Martín Gómez, uno de los cerca de cien despedidos en Unionbat, la fábrica de baterías de Willard en Gualeguaychú, que cerró sus puertas el 26 de junio. Ese día, a los turnos vespertino les impidieron ingresar y a los de la mañana, la empresa los expulsó ante la presencia de un escribano. El argumento oficial fue la inviabilidad de competir con baterías importadas, principalmente de Brasil y China.

Gómez, delegado de los trabajadores, contactó a la filial de San Martín, donde funcionaba la sede administrativa, aún abierta. Desde entonces, la empresa aseguró que no reabriría hasta que cambiara el rumbo político del gobierno, pero no dio garantías sobre el futuro de los trabajadores. Prometió pagar las indemnizaciones completas, pero luego no abonó nada. Ante la situación, se realizaron acampes y la Secretaría de Trabajo intervino; la compañía terminó presentándose a concurso de acreedores. Hoy, los trabajadores siguen a la espera de cobrar y permanecen en listas de posteriores resoluciones, en medio de un panorama laboral que continúa en estado de precariedad.