El inicio de la gestión de Javier Milei estuvo marcado por el lema “No hay plata”, que definió el ajuste de cuentas públicas. Ahora esa idea se trasladó a una estrategia para dinamizar la actividad: desde el equipo económico sostienen que no hay un plan de “platita” de cara a las elecciones y que, por el contrario, buscan sostener el modelo sin ese tipo de estímulos populares. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue el impulsor de un conjunto de medidas orientadas principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

El paquete anunciado combina varias líneas: financiamiento para créditos hipotecarios, ajustes en los préstamos en dólares, beneficios fiscales para inversiones vinculadas con eficiencia energética y una propuesta para eliminar el impuesto a los sellos a nivel provincial. Las respuestas de las provincias hasta ahora han sido desparejas: algunas mostraron interés, otras no tanto o con magnitud menor a la esperada.

Las acciones comenzaron en agosto con la flexibilización de los créditos en dólares, con el objetivo de ampliar la cartera en moneda extranjera. Los datos de noviembre, sin embargo, indicaron una expansión menor a la prevista. Según la consultora LCG, los préstamos en dólares sin tarjetas crecieron USD 288 millones en octubre, por debajo del promedio mensual de 2026, de USD 840 millones. El stock total alcanzó USD 25.597 millones.

Esta medida se complementó con licitaciones por $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para apuntalar el crédito hipotecario. Las entidades financieras mostraron interés, especialmente por depósitos de mayor duración, lo que llevó al equipo económico a evaluar plazos superiores a cinco años para futuras emisiones.

Hasta ahora, el Gobierno realizó dos licitaciones por $200.000 millones con fondos del FGS, administrado por la Anses. El Banco Central participó como colaborador técnico y operativo en la primera convocatoria, que recibió 42 ofertas de 18 bancos por $258.640 millones.

En lo político-económico, el viceministro José Luis Daza explicó que se evalúa alargar la duración de las próximas licitaciones; por ahora, el horizonte se mantiene en cinco años, pero no se descartó ampliar el plazo. “El horizonte por ahora es cinco años; estamos contemplando dar más largo, pero todavía no se decidió, pero es muy posible”, afirmó. La posibilidad surgió tras la concentración de interés de las entidades en el segmento a cinco años. La modalidad vigente propone opciones de 1 y 5 años; la evaluación oficial apunta a definir si las licitaciones futuras incorporarán plazos mayores, condicionadas a la respuesta de los bancos en las convocatorias previas.

En la última semana, durante la Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), Caputo anunció un paquete de medidas para aliviar la carga impositiva de las pymes frente al fisco nacional, en un intento por contener el impacto de la suba de costos y la presión fiscal.