El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ante la UIA un conjunto de medidas destinadas a aliviar a las pequeñas y medianas empresas y reducir el costo financiero que enfrentan. En la exposición, subrayó que la solución a este problema no llegará de inmediato, y afirmó que se buscarán herramientas para ganar holgura financiera.

1) Embargos: la primera iniciativa consiste en suspender los embargos por parte de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027, con el fin de permitirles ordenar sus cuentas y activar un proceso de regularización sin presiones inmediatas.

2) Planes de pago: se ampliará el plan de facilidades de pago de deudas tributarias en 18 cuotas. El esquema, que antes cubría obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, se extendrá para deudas con vencimiento hasta el 31 de octubre, buscando brindar mayor margen de maniobra ante el costo del financiamiento y las dificultades vigentes.

3) Saldos a favor: se habilitará que las empresas apliquen el 100% de sus saldos a favor (reintegros por exportación o IVA asociado a exportaciones) para cancelar deudas aduaneras. Este mecanismo también podrá ser utilizado por grandes empresas, aunque en un porcentaje inicial menor que irá aumentando de manera progresiva.

4) Créditos: el Banco Nación desarrollará nuevas líneas de crédito para pymes, como parte de una batería de medidas para facilitar financiamiento y sostener el capital de trabajo ante la demanda.

Además de estas medidas, Caputo adelantó que propondrá a los gobernadores la eliminación del impuesto a los sellos, con el objetivo de reducir costos financieros para las operaciones empresariales. El ministro afirmó que la prioridad es aliviar la carga de las pymes y que las respuestas requerirán tiempo y continuidad en las políticas.

Contexto y datos respaldatorios: la Fundación Observatorio PyME indicó que una de cada siete pymes sufrió embargos por ARCA, y que, en la mayoría de los casos, las notificaciones llegaron dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de las obligaciones. El informe señala que el atraso en pagos de obligaciones corrientes (IVA, Ganancias y aportes a la seguridad social) fue la principal motivación, con caída de planes de facilidades en menor medida. Además, el alargamiento de los plazos de cobro a los clientes impacta a la mitad de las pymes: el periodo promedio pasó a 49 días, diez días más que en 2025, incrementando la presión sobre el capital de trabajo y las obligaciones fiscales y laborales.