El Juzgado Federal de Oberá (Misiones) dictó hace pocos días una medida que obliga al Congreso de la Nación a comparecer y contestar una demanda presentada por la comunidad guaraní Mbya Tape Miri contra el proyecto de ley conocido como Súper RIGI. En el escrito judicial, la comunidad advierte que las atribuciones concedidas a firmas inversoras dentro de la iniciativa del Ejecutivo dejarían a los habitantes de esa población desprotegidos frente a daños ambientales y frente a limitaciones para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas en la provincia del noreste del país.

No es la única acción judicial destinada a frenar las políticas promovidas por el espacio político La Libertad Avanza. La intención es impedir que, en el último año de gestión, el gobierno de Javier Milei consolide como hecho consumado la pérdida de derechos de protección del suelo, del medio ambiente y de los recursos naturales, a través de diversos proyectos que, bajo el pretexto de promover la inversión privada extranjera, buscan habilitar la explotación de esos recursos sin salvaguardas mínimas.

El Súper RIGI es visto por especialistas, tanto locales como internacionales, como una iniciativa “a medida” para facilitar los planes de Peter Thiel y Palantir, con miras a convertir a la Argentina en una base estratégica para el desarrollo e instalación de mega data centers. Lo anterior, sostienen, implicaría explotar recursos naturales sin las restricciones habituales, postura que, según la denuncia, contaría con la aprobación explícita o al menos la complicidad de autoridades y del propio Ejecutivo. Tanto el presidente Milei como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, han manifestado públicamente la voluntad de avanzar con esa línea.

Obligaciones incumplidas

La comunidad Tape Miri reclama la garantía de acceso a información ambiental, transparencia y participación pública, indígena y ciudadana respecto al proyecto de ley Súper RIGI, ya que, en la práctica, el texto podría eximir a autoridades e inversores privados de esas obligaciones. El fallo señala la necesidad de diseñar mecanismos adecuados para asegurar esos derechos y evitar el daño que describen las denunciantes por omisiones.

“No es un reclamo que pueda seguir siendo ignorado. Las comunidades originarias y todo el pueblo argentino tenemos derecho a ser escuchados cuando están en juego nuestros territorios, nuestras formas de vida y el futuro de la naturaleza”, sostuvo la comunidad en un comunicado.

El Juzgado Federal de Oberá dio por iniciada una acción sumaria contra el Estado Nacional – Poder Legislativo de la Nación y ordenó remitir el expediente al Estado Nacional con un plazo de once días hábiles ampliados para que comparezca y responda a la demanda. La resolución lleva el título de “Una acción deliberada”, previa a la defensa de los términos de la denuncia.