Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina contextualiza la evolución de los haberes y destaca una caída marcada en el poder de compra de las jubilaciones, especialmente desde 2013, y una relación cada vez más estrecha entre lo que ganan los trabajadores formales y las prestaciones previsionales.
Entre 2002 y 2013, cuando la economía se recuperaba tras la crisis de 2001 y la inflación era moderada, el haber mínimo con bono pasó de 296.168 a 802.099 pesos, según precios de septiembre de 2026. Es decir, un incremento cercano al 170% en ese tramo, que representa una excepción en la historia reciente. A partir de 2013, la tendencia cambió y la caída se intensificó.
En octubre de 2026, el haber mínimo con bono alcanzó 505.749 pesos, lo que implica una pérdida del 37% respecto del pico de ese periodo. Si se toma solo la jubilación mínima sin el bono, la cifra equivale a poco más de la mitad de lo que se cobraba hace trece años. El punto más crítico se dio en febrero de 2024, cuando la mínima con bono llegó a 416.633 pesos (precios de septiembre de 2026).
En marzo de 2024, el gobierno de Javier Milei estableció un bono de 70.000 pesos, monto que permanece congelado desde entonces. Según el análisis, si ese refuerzo se hubiera indexado por inflación, el bono habría sido de 201.591 pesos y la jubilación mínima habría alcanzado 637.340 pesos. La falta de ajustes mensuales erosiona la capacidad del bono como medida compensatoria frente a un contexto inflacionario, contribuyendo a la caída sostenida del poder de compra.
La situación también se refleja en la comparación entre jubilaciones y salarios. En diciembre de 2019, el salario privado registrado medio equivalía a 3,8 haberes mínimos; para julio de 2026 esa relación subió a 5,4. Este crecimiento no se debe a un aumento salarial explosivo: los trabajadores formales apenas lograron recomponer su poder de compra a niveles de 2019, mientras que la jubilación mínima, sin bono, acumuló una caída del 31%.
Esta dinámica tiene implicancias para la financiación del sistema previsional. En un esquema de reparto, las jubilaciones se financian con aportes de trabajadores activos (y empleadores, más aportes del Estado). El estancamiento de ingresos y el uso de recursos destinados a sostener la prestación expone al sistema a tensiones que amenazan su sustentabilidad y continuidad, especialmente ante la presión de un bono que no se actualiza y de reformas que redimensionan fondos y mecanismos de financiación.
