El desarrollo de una sociedad se mide por su capacidad para garantizar dignidad, derechos y oportunidades para todos; expulsar, discriminar o abandonar a alguien pone en riesgo la propia convivencia. Esta semana, el Senado avanzó en la discusión de la normativa de discapacidad, un progreso necesario aunque mejorable. Es inevitable preguntarse por qué estas demandas recuperaron centralidad a pocos días de la próxima visita papal. Los derechos no pueden depender de coyunturas: detrás de cada expediente hay una persona, una familia y una historia que no debe esperar.

El avance legislativo fue posible gracias a la acción conjunta de colectivos de discapacidad, asociaciones, familias y quienes durante meses empujaron sus demandas en la calle. No fueron meros espectadores del debate parlamentario: fueron protagonistas de una construcción democrática. Las calles, lejos de ser una amenaza, suelen ser el lugar donde la democracia recupera su voz.

La política debe escuchar. Las decisiones no se gestan únicamente en despachos: deben forjarse en el territorio, con quienes conocen de primera mano las consecuencias de cada medida. Cuando no se escucha, los derechos se convierten en simples variables de ajuste y gobernar implica hacerse cargo y abrir espacio a la participación.

Este sábado, la Marcha del Orgullo volvió a llenar las calles con una expresión colectiva de libertad, identidad y derechos, enriqueciendo la diversidad democrática. Pero estuvo atravesada por una preocupación: las agresiones sufridas por mujeres trans en los bosques de Palermo, actos que transformaron el odio en violencia. No podemos naturalizarlos ni tratarlos como provocaciones menores.

Cuando alguien es perseguido por su identidad, no solo se vulnera su integridad: se atenta contra el derecho de toda la sociedad a vivir en libertad. La respuesta del Estado no puede ser silencio ni indiferencia; tiene la responsabilidad indelegable de prevenir, proteger, investigar y garantizar justicia. La diversidad no amenaza la convivencia democrática, pero la intolerancia y el incumplimiento de deberes sí.

Es demasiado fácil hacerse el valiente contra las minorías. Resulta más desafiante enfrentar a los poderes concentrados, a quienes acumulan fortunas, condicionan democracias y usan a los países como laboratorio para negocios y proyectos de dominación.

¿Por qué tanta determinación para señalar a quienes tienen menos y tanta complacencia frente a quienes concentran poder económico y tecnológico? ¿Por qué el gobierno de Milei es tan estricto con los vulnerables y tan prudentemente frente a los poderosos?

La verdadera valentía de la política no está en señalar a los más débiles, sino en enfrentar a los poderes que condicionan el futuro.