El juez federal Julián Ercolini impulsó la investigación contra Abel Furlán, exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y contra María Soledad Calle, ex empleada del gremio y socia fundadora de USEM SA, en el marco de una pesquisa por presuntos desvíos de fondos aportados por afiliados.

La resolución da cuenta de un contrato rubricado en febrero de 2023 entre la UOM y USEM SA, empresa creada apenas dos meses antes, encargada de administrar el presupuesto del sindicato y de su obra social a cambio de una comisión del 0,5%. El magistrado subraya la falta de transparencia en la adjudicación y la carencia de documentación que respalde el control de fondos millonarios que pasaron por las cuentas de USEM.

Uno de los puntos centrales es la entrega, desde una seccional de la UOM, de aproximadamente 959.000 dólares en efectivo a USEM SA, sin documentación que acredite su origen. El dinero habría sido destinado para depositarse en una caja de seguridad del Banco Nación. El juzgado pidió informes oficiales sobre los movimientos de esa caja.

Calle era empleada de la UOM y, a la vez, dueña del 50% del capital de USEM SA, donde figura como directora suplente. El otro 50% pertenece a Adalberto Braconi, presidente de la firma. La resolución indica que no se habría acreditado un proceso de compulsa de precios, evaluación de antecedentes ni mecanismos para prevenir ese potencial conflicto de intereses.

El escrito describe un esquema de retribución porcentual que no guardaba relación con la magnitud de las operaciones, la dotación ni los resultados verificables. Además, USEM podría rescindir con un preaviso de 30 días, mientras que el sindicato y la obra social carecían de esa posibilidad, salvo en caso de insolvencia de la contratista. Tampoco se mencionan revisiones periódicas de honorarios, penalidades ni garantías.

Sobre Furlán y Lobato, el fallo indica que, además de participar en la celebración de los contratos, mantuvieron trato directo con Braconi. En cuanto a Braconi, sostienen que él preparaba y autorizaba transacciones bancarias de USEM. Furlán deberá prestar declaración indagatoria el 17 de noviembre y Calle está citada para el 24 de noviembre. En el mismo fallo, Ercolini dispuso la inhibición general de bienes para ambos, dada la magnitud de la maniobra y los indicios de crecimiento patrimonial, para preservar eventuales bienes de origen ilícito.

Entre las medidas ordenadas, también se creó un bloqueo de acceso a cajas de seguridad a nombre de USEM SA y de la UOM; se prohibió innovar sobre la composición accionaria de USEM SA; se realizaron comunicaciones a registros de la propiedad inmueble y automotor, a buques y aeronaves, al Banco Central y a la Inspección General de Justicia, entre otros. Para justificar el peligro en la demora, el magistrado resalta la necesidad de resguardar posibles bienes de origen ilícito y evitar la dispersión de fondos.