La vicepresidente Victoria Villarruel volvió a distanciarse de la visión económica del jefe de Estado, Javier Milei, al suscribir un decreto que crea un programa de alivio financiero para el personal del Senado. El expediente, identificado como el decreto 0630/2026, autoriza adelantos excepcionales de haberes a tasa cero con el objetivo de facilitar la cancelación de deudas laborales.
Según la autora del texto, la medida se financia con recursos derivados de ahorros acumulados en la administración del Senado de la Nación y está orientada a amortiguar el efecto del endeudamiento en las economías familiares de los trabajadores. La devolución del monto recibido se podría hacer en un plazo máximo de nueve meses, sin intereses, comisiones ni gastos administrativos, según explicó Villarruel vía su cuenta en X. En sus palabras, la normativa busca evitar prácticas usureras y defender la dignidad y el ahorro de los empleados.
El programa está vigente y, según el articulado, impacta aproximadamente al 9% de lo ahorrado por recuperos y ahorros del Senado. Abarca a todo el personal del cuerpo legislativo, tanto de planta permanente como temporaria, y su finalidad es posibilitar la cancelación total de deudas contraídas con sindicatos representativos del personal: Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El texto también contempla la operación a través de billeteras digitales y plataformas de pago que financien estas operaciones, quedando excluidas las deudas originadas en créditos prendarios e hipotecarios.
El mecanismo dominante es un adelanto excepcional de haberes cuyo único destino es la cancelación de las obligaciones previamente asumidas. En ese marco, la medida se presenta como una herramienta para acompañar a los trabajadores ante los retos económicos y, a su vez, como una muestra del esfuerzo institucional por gestionar de forma responsable el ahorro público.
La iniciativa se suma a la discusión pública sobre la orientación de las políticas económicas del gobierno y se contrapone, en este punto, con las declaraciones oficiales del Presidente y su equipo sobre la recuperación de ingresos. Fuentes del Senado sostienen que el programa ya está operativo y que su financiamiento se sustenta en el ahorro administrativo de la propia institución, no en nuevos fondos del Tesoro. Con todo, la propuesta ya genera debate sobre su alcance, su impacto en el endeudamiento y su relación con otras medidas de alivio económico para trabajadores del sector público.
