La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social indicó la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria vigente entre 2021 y mediados de 2024, periodo en que gobernaba la Argentina Alberto Fernández, y ordenó reemplazarla por el esquema previsto en la Ley 27.426, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri. La resolución fue emitida en el marco de una demanda que Carmen Galletta presentó contra la Anses y establece un precedente relevante para eventuales reclamos de diferencias retroactivas y para el recálculo de haberes actuales.

El fallo, suscripto por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, revoca una sentencia de primera instancia que había rechazado la pretensión. Según la resolución, el haber de la trabajadora debe recomponerse desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, para luego ajustarse a la actualización mensual por inflación prevista en el decreto 274/2024.

En los fundamentos, Fantini sostuvo que la fórmula aprobada en 2020, basada en la evolución de salarios y recaudación, carecía de mecanismos gatillo o de un piso de seguridad frente a una inflación acelerada. Al analizar el periodo de marzo de 2021 a marzo de 2024, el tribunal constató una movilidad acumulada del 553,55%, frente a un incremento del IPC del 1.129,07%, lo que implica una caída real del poder de compra del 46,83%. Además, subrayaron que los aumentos posteriores ligados al IPC no rectificaron esa caída porque se aplicaron sobre una base ya devaluada.

Para recomponer el haber, la Cámara optó por reinstalar el esquema de la Ley 27.426 —que fija un 70% de inflación (IPC) y un 30% de variación salarial (RIPTE) de forma trimestral—, al considerar que se trata de una guía previamente aprobada por el Congreso.

Asimismo, se ordenó descontar las sumas ya abonadas en concepto de movilidad, adelantos y bonos extraordinarios para evitar duplicaciones. También se declaró inconstitucional el tope del artículo 9 de la Ley 24.463 cuando la quita alcance el 15% o más.

La decisión prevé la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central y, pese a ello, admitió la excepción de prescripción planteada por la Anses, delimitando el periodo retroactivo exigible. El fallo, que tiene efectos únicamente sobre el expediente de la demandante, no implica un aumento automático generalizado, pero sí establece un antecedente de peso para miles de procesos previsionales que están en trámite.