Una encuesta de la consultora Innova arroja que, en Rosario, el 38% de los habitantes mayores de 16 años identifica la inseguridad como el principal problema de la ciudad. El sondeo se realizó mediante 400 entrevistas domiciliarias entre el 17 y el 19 de octubre, con un margen de error de ±4,5 puntos y un nivel de confianza del 95%. Aun cuando el 64% de los entrevistados considera que la seguridad mejoró desde la llegada de Maximiliano Pullaro a la gobernación, la preocupación por el delito continúa encabezando las prioridades.

En la ciudad capital de la provincia, la percepción también ubica a la seguridad en el primer lugar, aunque con menor incidencia: el 32% la cita como principal problema, frente al 38% de Rosario. En segundo lugar aparece el desempleo (18%), seguido por obra pública y corrupción (11% cada una). La pobreza alcanza el 8% y el narcotráfico el 6%. En síntesis, mientras Rosario concentra mayor énfasis en inseguridad y narcotráfico, la capital provincial otorga mayor peso al desempleo.

Las evaluaciones sobre la política de seguridad muestran diferencias notables. En Santa Fe, la capital, el 49% opina que la seguridad mejoró desde la llegada de Pullaro, frente a un 47% que no comparte esa lectura. En Rosario, la conformidad con la gestión de seguridad alcanza el 64%.

A nivel provincial, el balance de gestión también se señala con matices: en la capital, un 57% expresa una valoración positiva y un 41% negativa. En cuanto a la conducción municipal, el intendente Juan Pablo Poletti obtiene 50% de aprobación y 48% de desaprobación.

En paralelo al debate ciudadano, el gobierno provincial impulsa reformas para ampliar las herramientas de intervención policial en la vía pública. Una de las iniciativas en tratamiento en la Legislatura busca permitir controles de teléfonos celulares para verificar el código IMEI y determinar si el dispositivo tiene antecedentes por robo, con la posibilidad de retención. La propuesta recibió críticas desde la oposición, como las del diputado Marcos Corach, quien sostuvo que la medida otorga poderes desmedidos a las fuerzas de seguridad y podría convertir a los ciudadanos en sospechosos sin una orden judicial previa.

El debate se enmarca en un contexto de antecedentes judiciales que involucran a agentes de la policía provincial en causas graves durante el último año. En Rosario, la discusión pública ya hizo referencia a expedientes y sentencias vinculados a actuaciones cuestionadas por las autoridades y la ciudadanía, subrayando la necesidad de equilibrio entre seguridad y garantías individuales.