El plan del Gobierno es avanzar en la sanción de la ley de biocombustibles durante el cierre del periodo ordinario, organizando cinco sesiones en un lapso de ocho días en el Congreso. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que habrá sesiones extraordinarias y remarcó que esa iniciativa figura entre las prioridades, aunque solo podría aprobarse con cambios. Uno de los temas más discutidos es el aumento del corte de biodiésel, que podría trasladar costos al consumidor y alimentar la inflación, según apuntaron algunos negociadores.

La modificación de la redacción llega desde los aliados del bloque libertario, que necesitan sumar votos para atravesar el trámite, y choca con la postura del Ejecutivo, que en el último plenario sobre la reforma de la ley 27.640 dijo que “no hay espacio para nuevos cambios.” Aunque ese rechazo podría dilatarse hacia extraordinarias o incluso hacia 2027, el proyecto quedó trabado por disputas sectoriales y por asuntos presupuestarios.

“Hay buena intención para avanzar y se reconoce la importancia de generar energía y nuevas inversiones en Argentina, pero hay que mirar también al biodiésel para unificar posiciones”, sintetizó Martín Ardohain (PRO), titular de la comisión de Agricultura. Si bien el apoyo al bioetanol es amplio, no hay acuerdo entre los productores del biodiésel no integrados —aquellos que no controlan toda la cadena—, quienes advierten que el mercado podría quedar en manos de grandes firmas integradas.

“Dividir la ley sería más conflictivo que ajustar dos artículos”, planteó Eduardo Falcone (MID), quien sostuvo que impulsar la discusión a último momento podría afectar a 25 pymes que ya invirtieron substantialemente. El PRO, el MID y la UCR proponen un texto que replica la versión sancionada por el Senado, pero con dos modificaciones: subir el corte de biodiésel de 10% a 11% y extender de 2036 a 2038 el cupo de las no integradas. “No alcanzarán los votos sin cambios; si se congela todo, se cae el proceso”, indicaron desde un bloque aliado.

El peronismo presenta una línea similar, pero con un corte mayor: elevarlo del 10% al 12,5% y blindar el cupo para las no integradas. Esa postura, según los dialoguistas, resulta más costosa; prefieren buscar un punto de acuerdo que permita avanzar sin desbordar al interbloque.

Además del eventual impacto en precios en un año electoral, hay una consecuencia fiscal: la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un efecto recaudatorio negativo de 245.952 millones de pesos.