En Buenos Aires, el bloque oficialista continúa cerrando las diferencias en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, principalmente ante pedidos de modificaciones de aliados en artículos sensibles. Paralelamente, quedó delineada la agenda de la sesión del próximo miércoles, que incluirá, además, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
El paquete legislativo previsto se completa con el tratamiento del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el Acuerdo de Montevideo y la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Si bien el apoyo para aprobar en general el proyecto que aborda la cuestión Malvinas está garantizado, preocupa el capítulo 7 del dictamen, que introduce nuevos tipos penales vinculados a la “injerencia extranjera” y exige una mayoría especial de 129 votos para su aprobación.
La definición se discutió en una reunión a puertas cerradas llevada a cabo en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja, con la participación de integrantes del oficialismo —Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado (esta última en formato virtual)— y referentes de los bloques del PRO, UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros bloques menores.
La subsecretaría de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, fue solicitada por el Gobierno para recoger las quejas y acercamientos, y reportarlas a María Ibárzabal Murphy, Secretaria de Legal y Técnica. Taddei escuchó a distintos interlocutores, entre ellos el misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), la diputada Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas), quienes reclamaron eliminar o, al menos, modificar profundamente el capítulo 7.
Por su parte, el PRO se comprometió a respaldar el proyecto en su conjunto, ya sea con cambios o manteniéndose tal como está.
El capítulo 7 del texto propone multas significativas a extranjeros sin residencia en el país y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. También prevé penas de prisión para quien facilite operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y con destino a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial. Asimismo, contempla prisión por revelar secretos a un estado o servicio de inteligencia extranjero y por colaborar en operaciones clandestinas de inteligencia. En líneas generales, la iniciativa apunta a prohibir la organización, financiación y ejecución de campañas de injerencia extranjera y de actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado.



