Existe una tendencia que se viene acentuando desde hace al menos tres años: tras la salida de multinacionales del mercado argentino, las marcas quedan en manos de empresarios locales. La inercia se intensificó en las últimas semanas ante la proximidad de un cambio regulatorio en materia de competencia que podría complicar la concreción de estos negocios.

La semana pasada, José Luis Manzano —accionista de firmas como Edenor y Metrogas— se incorporó como socio de la cadena de supermercados Día, junto a Francisco de Narváez. A través de su vehículo de inversión, Integra Capital, también se confirmó la compra de los 107 restaurantes de Burger King en Argentina, que estaban en manos de Alsea, el holding mexicano que opera Starbucks en el país.

Poco tiempo después, Molinos Río de la Plata anunció la adquisición de la emblemática marca de galletitas Tía Maruca.

Estas tres operaciones se anunciaron o se cerraron en una misma jornada y comparten un factor común: se realizaron antes del 17 de noviembre, fecha en la que entra en vigor un cambio regulatorio que altera las reglas para fusiones y adquisiciones en la Argentina.

A partir de ese martes, la Ley de Defensa de la Competencia 27.442 pasa a incorporar un régimen de control previo de concentraciones económicas. En la práctica, ciertas fusiones y adquisiciones —que superen umbrales de facturación— deberán obtener la autorización de la Autoridad Nacional de Competencia (ANC) antes de concretarse. Hasta ahora, las empresas podían cerrar el negocio y notificar después. La implementación de este régimen se cumple un año después de la constitución formal del organismo, plazo que vence precisamente este 17 de noviembre.

La diferencia no es menor. “Al final del camino, las autoridades tendrán más poder si opinan antes de que se cierre la operación que si lo hacen después. Este contexto apuró negocios en los últimos meses, sin dudas”, señaló a Infobae un especialista del sector.

Para las operaciones donde el impacto sobre la competencia es más debatible —los casos más “opinables” en jerga del sector— la obligación de obtener visto bueno previo introduce una capa adicional de incertidumbre que puede condicionar el precio, el diseño de la operación e incluso su viabilidad.

Como antecedente de lo que implica que el regulador emita opinión antes de cierre, se cita la fusión entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina. Anunciada en febrero de 2025, la operación fue suspendida preventivamente en marzo de ese año por la Secretaría de Industria y Comercio y, recién en junio de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dio su visto bueno, aunque bajo condiciones severas.

El caso ilustra el impacto potencial de este nuevo esquema regulatorio y sus posibles efectos en la velocidad y los términos de futuras operaciones.