El inicio de la última quincena de sesiones ordinarias encuentra al Senado con una agenda que genera expectativa y tensión. En la Casa Rosada ponen el foco en lograr, mañana, un avance en la comisión de Asuntos Constitucionales para dar curso a la suspensión de las PASO, una posibilidad que aún está bajo análisis y fuera del calendario definitivo.

Por su parte, la oposición ya fue categórica: sostienen que no habrá sanción del proyecto de discapacidad en el recinto el jueves. El texto, que habría sido cerrado entre Karina Milei y el titular de Diputados, Martín Menem, con la participación de kirchneristas y dialoguistas que cedieron varios puntos, muestra desencuentros en Balcarce 50. El gobierno busca ajustar el articulado, aunque las chances de cambios significativos aparecen remotas en un marco de desconfianza y presión.

Asuntos Constitucionales representa a la vez un desafío para el bloque que acompaña al Ejecutivo libertario. Desde la semana pasada se activaron dos frentes: una iniciativa que llevaba tiempo dormida y un supuesto acuerdo con gobernadores provinciales. El borrador está bajo revisión y, de no lograr las rúbricas necesarias, podría terminar en un nuevo tropiezo legislativo. Durante meses el Poder Ejecutivo insistió en que el trámite concluiría como máximo en octubre.

El proyecto de discapacidad contempla diversos cambios: modificar la Boleta Única, reactivar la Ficha Limpia, abrir financiamiento privado y establecer adhesiones para que un partido alcance el estatus de fuerza nacional. Es razonable esperar que no todos los puntos lleguen a buen puerto. La posibilidad de un despacho exprés sería sorprendente tras más de medio año de revisión y ante varios capítulos delicados del texto. Además, el tema de las colectoras es otro punto que el oficialismo deberá explicar en las próximas horas.

La comisión está integrada por 19 legisladores, lo que implica que para emitir un dictamen se requieren al menos 10 firmas, con apoyo de bloques de mayoría y/o minoría. El grupo libertario cuenta con figuras como Agustín Coto (Tierra del Fuego), Belén Monte de Oca (también de la provincia), Nadia Márquez (Neuquén), Patricia Bullrich, Luis Juez (Córdoba) e Ivanna Arrascaeta (San Luis). Entre los mencionados también aparecen aliados que responden o no a gobernadores, lo que complica alcanzar el respaldo necesario.

Entre los nombres citados como posibles apoyos figuran Rodolfo Suárez (Mendoza), Eduardo Vischi (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba), junto con Beatriz Ávila (Tucumán). En cambio, figuran dudas sobre otros como Carlos Espínola (Corrientes), Flavio Fama (UCR-Catamarca) y Carolina Moisés (Jujuy). En la órbita oficialista se espera que Suárez, Vischi y Vigo, especialmente esta última, intensifiquen sus gestos de respaldo, aunque Vigo ha dejado entrever cierta cautela respecto a los lineamientos que se han negociado. Ávila, por su parte, mantiene vínculos con el arco peronista multi-suma, lo que añade una capa de incertidumbre respecto al caudal de apoyos que pueda aportar.