El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, elevó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de queja con el objetivo de apartar la causa por lavado de dinero vinculada a una lujosa mansión situada en Pilar, presuntamente asociada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, del Juzgado Federal de Campana y derivarla al fuero Penal Económico.
El dictamen, fechado el 30 de octubre, cuestiona con dureza la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los magistrados Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que por mayoría sostuvo que la investigación permanezca en Campana. La decisión fue tomada en respuesta a un recurso de las defensas y a una declaración de competencia que favoreció al tribunal local.
La causa está dirigida contra Luciana Pantano, monotributista, y su madre Ana Lucía Conte, jubilada, quienes figuran como propietarias de la mansión evaluada en 17 millones de dólares. Se las investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la adquisición de un inmueble que, según la hipótesis de la pesquisa, habría servido para convertir fondos de origen ilícito.
Desde la Corte, Casal argumentó que existen circunstancias excepcionales que justificarían la intervención del máximo tribunal a fin de revisar la competencia, aun cuando las decisiones sobre competencia no se enmarcan habitualmente como sentencias definitivas.
Su planteo se apoya en la premisa de que no existen elementos jurídicamente relevantes que justifiquen la permanencia de la investigación en la jurisdicción de Campana. Según el procurador, la mera ubicación del inmueble en esa jurisdicción no basta para sostener la intervención del juez local en un caso de lavado de dinero. Añadió que la intervención inicial del juez del lugar, si ocurriese, debería ser provisional y orientada a determinar qué tribunal es competente, no a sostener la continuidad de la investigación en Campana de forma definitiva.
El expediente continúa bajo la mirada de las autoridades, que deberán decidir, finalmente, si corresponde que la investigación por lavado de dinero siga en Campana o se traslade al fuero Penal Económico, conforme a las posturas proyectadas por Casal y a la interpretación que haga la Corte Suprema sobre las reglas de competencia en este tipo de casos.
