El 1 de diciembre, la policía ejecutó un allanamiento en Sur Finanzas, la financiera vinculada a la AFA, y poco después la justicia dictó procesamiento y prisión preventiva para su titular, Ariel Vallejo. En las constancias del fallo, el juez Tomás Rodríguez Ponte señala que en la noche previa se difundieron órdenes para “borrar” y “desconectar”, que formarían parte de un protocolo orientado a ocultar lo ocurrido durante la intervención.

El material de la investigación recoge mensajes de la madrugada: a las 2:57, Daniela Sánchez, secretaria de Vallejo, pidió eliminar las grabaciones de las cámaras; y a las 2:07, un intercambio entre una asesora de Sur Finanzas y un encargado de sistemas insistía en “desconectar los programas”. El juez señala que estas indicaciones se inscriben en un conjunto de acciones que habría incluido la supresión de registros, retiros de efectivo de sucursales, ocultamiento de vehículos y traslado de computadoras alrededor de los allanamientos.

Consultadas por LA NACION, fuentes vinculadas a Vallejo negaron que el financista hubiera dado órdenes de ese tipo. La secuencia descrita por Rodríguez Ponte parte de antecedentes previos al operativo, enfatizando que ya el 28 de noviembre surgió una señal de alerta: Micaela Sánchez, quien en la causa figura como quien custodiaba llaves de cajas fuertes y equipos, preguntó a una empleada si había “algo raro”. La respuesta, según el juez, fue: “Por el momento, tranquilo; estamos operando solo blanco. Ya arqueamos todo, guardado por las dudas; solo lo blanco está afuera”.

Sur Finanzas comercializaba distintos servicios: compra y venta de divisas, préstamos y una billetera virtual. La investigación hipotetiza que una de las casas de cambio controladas por Vallejo, Centro de Inversiones Concordia, vendió dólares a terceros no habilitados o en el mercado paralelo. Se subraya una inconsistencia: las cuentas de Concordia registrarían 4.040.114.708 pesos en 2022, cifra que no cuadraría con las ventas declaradas para ese año, de 2.440.801.851 pesos.

En declaraciones incorporadas al acta de procesamiento, Vallejo afirmó que las casas de cambio bajo su control operaron US$108,1 millones durante el cepo cambiario, con una ganancia estimada entre dos y veinticinco pesos por dólar. De ese crecimiento habría surgido la billetera virtual Sur Finanzas PSP, eje de la denuncia por posibles lavado de activos. El juez señala la existencia de un “ejército de soldaditos” —expresión para referirse a personas de recursos limitados que habrían aportado fondos de origen ilícito para conferirles apariencia lícita— y considera que la venta de dólares en el paralelo podría ser el delito precedente del lavado.

La defensa sostiene que la evasión no puede configurar el antecedente del lavado. En diálogo con LA NACION, Vallejo redujo el peso de estas acusaciones y defendió su posición, apuntalando que el planteo judicial debe analizarlas con cautela y en su marco legal.