Guillermo Michel, diputado de Unión por la Patria (UxP) y referente cercano al ministro Sergio Massa, presentó ante la Auditoría General de la Nación (AGN) una solicitud formal para que se realice una auditoría integral de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La petición fue dirigida al presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, y propone que la auditoría abarque gestión, finanzas y cumplimiento del proceso de privatización total, contemplando la venta de la totalidad de las acciones que hoy posee el Estado Nacional en AySA. Además, propone que el tema sea incluido en el Programa Operativo Anual 2026 para iniciar de inmediato el análisis.
Michel, exdirector general de la Aduana, integra la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, lo que le otorga la facultad de solicitar investigaciones sobre la transferencia de activos.
En su intervención, el legislador cuestionó la operación desde una mirada social. “No se trata solo de números; estamos hablando del agua de la gente y de a quién va a reclamar si se corta el servicio en González Catán. ¿Le van a mandar una carta al fondo de inversión de Holanda? ¿Quién va a responder? ¿La Reina Máxima? Avanzan sobre cuestiones básicas de las personas”, afirmó en diálogo radial.
El 22 de octubre, el Gobierno adjudicó la privatización de AySA a un consorcio integrado por Rowing SA, vinculada a Walter Román; Arcos Saneamento e Participações SA; PHX Aqua AR BV y Transclor SA, de Mauricio Filiberti, conocido como “el Rey del Cloro”, por US$340,2 millones. La operación implica la venta del 90% de las acciones de la compañía que pertenecen al Estado y que presta servicios de agua potable a 14 millones de personas.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo, que dio por aprobada la segunda etapa de la licitación pública nacional e internacional y adjudicó el proceso al consorcio que obtuvo el primer lugar en el orden de mérito elaborado por la comisión evaluadora. La firma del contrato y el cumplimiento de las condiciones para llevar a cabo la operación se fijó como plazo límite el 13 de noviembre.
La privatización de AySA se enmarca en la Ley de Bases y en el decreto 494/2025, que autorizó la venta de la participación estatal. La modalidad prevista contempla la transferencia de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante licitación pública, junto con la venta del remanente de las acciones estatales. Sin embargo, la licitación adjudicada en esta instancia comprende la totalidad de las acciones que posee el Estado nacional.
