La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, que estuvo vigente desde 2021 hasta mediados de 2024, y ordenó adoptar el mecanismo previsto en la ley 27.426, promulgada durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión se produjo en el marco de una demanda contra la ANSES y podría repercutir tanto sobre las diferencias acumuladas como sobre la base de cálculo de los haberes que recibirán en el futuro.

El fallo, firmado este viernes por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, revoca una resolución de primera instancia que había rechazado la pretensión de Carmen Galletta y dispone que su jubilación sea recalculada desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. A partir de ese mes, el haber deberá empalmar con el régimen de actualización mensual por inflación establecido por el decreto 274/2024.

Una particularidad relevante es que la demandante ya había obtenido una sentencia de reajuste en 2014, cuyo giro de liquidación fue aprobado en 2019. La Cámara, sin embargo, sostuvo que ese antecedente no impide analizar el deterioro que sufrió la prestación por la aplicación de otros mecanismos de movilidad en el tiempo.

En los fundamentos, Fantini indicó que la fórmula de la ley 27.609, basada en la evolución de salarios y de la recaudación tributaria, no contemplaba la inflación ni tenía una cláusula de piso que garantice actualización frente a una aceleración de precios. Según el tribunal, esa característica terminó generando un desfase entre los aumentos jubilatorios y el costo de vida.

Para dimensionar el impacto, el fallo comparó la evolución de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024: la movilidad acumuló un incremento del 553,55%, mientras que la variación del IPC utilizada como referencia fue del 1.129,07%. De esa diferencia, los jueces calculan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 46,83%.

La resolución también señaló que los aumentos posteriores vinculados a la inflación no alcanzaron para recuperar lo perdido. El razonamiento es que, si una jubilación pasa a un nuevo régimen de actualización con una base ya deteriorada, los incrementos siguientes mantienen esa brecha en lugar de corregirla.

Como mecanismo de recomposición, la Cámara eligió la fórmula de la ley 27.426, que contemplaba incrementos trimestrales con una combinación del 70% de la variación del IPC y el 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE. Los jueces optaron por ese esquema y no por aplicar retroactivamente el régimen vigente, ya que entienden que así se recurre a una pauta que ya había sido aprobada por el Congreso.