La narrativa tradicional sostiene que la libertad de vientres impulsada en 1813 no terminó con la esclavitud; sin embargo, durante las décadas siguientes, mientras avanzaban procesos como la manumisión y la inclusión del artículo 15 en la Constitución de 1853, sacerdotes, conventos y otras entidades religiosas continuaron realizando operaciones de compra y venta de personas.

En Buenos Aires, 1856, aparece un caso en los Protocolos Notariales del Archivo General de la Nación (AGN): el testamento del presbítero Juan Silveyra, fechado el 9 de marzo de ese año, dispone que, tras su fallecimiento, su esclava Rosa quede “enteramente libre de toda servidumbre”. Este documento constituye una de las pruebas que evidencian la persistencia de la esclavitud en el territorio nacional después de 1853.

Este fenómeno no es aislado. En Salta, 1814, el presbítero maestro José Manuel Salguero, cura rector más antiguo del Sagrario de la Catedral, adquirió a través de María Ignacia Arias Velázquez a una persona esclavizada de 19 años, descrita en la documentación como “su esclavo”, por 300 pesos. Presentó la carta de compra ante las autoridades y, poco después, ese joven se alistó en el tercer escuadrón del ejército. Años más tarde, en 1823, Salguero reclamó una compensación por el valor de aquel esclavizado que perdió; el reconocimiento fue a favor del propietario y recibió 150 pesos.

En Córdoba, en el monasterio de Santa Catalina de Sena, dominico, la actividad económica se sostuvo en gran medida sobre la labor de personas esclavizadas. Las cuentas correspondientes a 1816-1822 señalan ingresos de 204 pesos por la “venta de algún esclavo”, y el acervo patrimonial de esas instituciones era considerables. En la estancia de Caroya, también en Córdoba, la población esclavizada tenía una presencia notable desde el período jesuítico. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús, la administración de Caroya pasó a los franciscanos y luego al clero secular. En 1813, bajo esa última administración, el censo registró 124 esclavizados. En 1819, cuando el clero secular entregó la gestión al Estado provincial, el inventario indicaba 98 esclavizados y 11 libertos reunidos en familias. Ese mismo año, tras desactivarse la fábrica de armas en Caroya, quedaron once esclavizados menores de 30 años, aptos para trabajar como peones; habían sido comprados previamente en Buenos Aires por 250 pesos cada uno. El nuevo rector del Colegio de Monserrat propuso venderlos porque ya no result...