La empresa estatal Rioja Vial S.A.U., vinculada al gobierno de La Rioja encabezado por Ricardo Quintela, enfrenta dos ejecuciones fiscales iniciadas por ARCA por un total de $302.712.933,53. El Juzgado Federal de La Rioja, a cargo del juez Daniel Herrera Piedrabuena, intimó a la compañía el pago y dejó abierta la posibilidad de embargar sus activos financieros si, tras el requerimiento, no se cancela la deuda reclamada.

Las resoluciones, de firma digital y fechadas el 4 de noviembre, se difundieron públicamente el 12 de noviembre y corresponden a los expedientes 46395/2026 y 46415/2026. En el detalle de las causas, la primera exige $134.038.344,34 y la segunda, $168.674.589,19. El juzgado añadió un 15% provisional por intereses y costas, de modo que la suma combinada podría situarse alrededor de $348,1 millones; aclaración clave: no se trata de una liquidación definitiva.

La intimación concedió un plazo de cinco días para presentar defensas dentro del marco del procedimiento, con una extensión de un día adicional si la distancia lo justifica. Los decretos no especifican cuáles tributos ni qué períodos dieron origen a las demandas.

El alcance de las medidas es condicionante: tras diligenciar el mandamiento y en caso de impago, la orden habilita el embargo de fondos y valores en entidades financieras, así como cuentas, depósitos a plazo fijo y otros activos de Rioja Vial, hasta cubrir las sumas reclamadas y la reserva adicional prevista. Aunque las resoluciones autorizan la transferencia de los fondos a una cuenta del Banco Nación a disposición del juzgado, no prueban que ya se haya ejecutado el embargo en la práctica. ARCA también puede levantar total o parcialmente las medidas si la empresa paga o regulariza la deuda.

En lo particular, Rioja Vial figura con antecedentes de participación en obras provinciales. Una ordenanza de la capital riojana reconoció en 2022 sus trabajos y su intervención en el Plan Angelelli, antecedentes que se mencionan como contexto de su actividad frente al ente recaudador nacional.

El juzgado declaró su competencia en ambas causas y emitió las dos intimaciones de pago contra la sociedad estatal, con el alcance de prisión financiera sobre sus activos si no se cumple con lo requerido.